El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resoluciónen la que sugiere al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que valore la posibilidad de retomar su participación directa en la acreditación de personas beneficiarias de las ayudas alimenticias distribuidas por el Banco de Alimentos, especialmente en aquellos casos en los que los solicitantes se encuentren en situación administrativa irregular. La recomendación responde a una queja presentada por la Asociación Unzutxiki Berri, entidad de voluntariado del barrio de Buztintxuri, que colabora desde hace más de una década en el reparto de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.
La queja fue registrada el pasado 15 de enero y expone las dificultades que atraviesa la asociación desde que el Ayuntamiento decidió, en diciembre de 2024, cesar en la acreditación de nuevos usuarios y usuarias. Esta acreditación, históricamente gestionada desde las Unidades de Barrio y el Servicio Municipal de Atención a la Mujer, resultaba esencial para el acceso de muchas familias al reparto de alimentos, especialmente aquellas sin acceso a otras ayudas públicas como la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital.
En su escrito, Unzutxiki Berri detallaba cómo este cambio ha impactado gravemente en su actividad y en la cobertura alimentaria de numerosas familias. «No disponemos de capacidad administrativa ni de personal cualificado para acreditar a los potenciales beneficiarios», denunció la asociación, que calcula una notable reducción de usuarios desde febrero de 2024 hasta enero de este año. A pesar de haber mantenido varias reuniones con el área de Acción Social del Ayuntamiento, la asociación afirma en su nueva queja que no se ha alcanzado ningún acuerdo viable y que la situación se mantiene sin resolver.
El Ayuntamiento, por su parte, justificó en su informe que los ajustes en el procedimiento responden a la sobrecarga que afrontan sus servicios sociales. Alegan que, debido al incremento de la demanda alimentaria y a la falta de personal, fue necesario revisar los protocolos. Desde junio de 2024, el Consistorio adoptó un nuevo sistema en coordinación con la Fundación Banco de Alimentos, que asigna a las propias entidades de reparto la acreditación de los colectivos más vulnerables: las personas perceptoras de Renta Garantizada o IMV, y las que se encuentran en situación administrativa irregular.
Sin embargo, esta nueva fórmula no ha sido aceptada por Unzutxiki Berri, que considera que no le corresponde asumir tareas propias de personal profesional en trabajo social. Además, denuncian que las familias más vulnerables —como las que carecen de documentación regular— están siendo las más perjudicadas.
El Defensor del Pueblo reconoce que la ayuda alimenticia gestionada por el Banco de Alimentos no es una prestación municipal y, por tanto, el Ayuntamiento no está legalmente obligado a realizar dichas acreditaciones. No obstante, subraya la relevancia social del programa y el papel que hasta ahora venían desempeñando los servicios sociales municipales. En este sentido, la resolución sugiere que el Ayuntamiento «valore retomar la intervención de valoración o acreditativa que venía llevando a cabo» y, en particular, que considere «eliminar la distinción basada en la circunstancia de que los potenciales beneficiarios se encuentren o no en situación de irregularidad administrativa».
En su resolución, el Defensor recalca que la nueva organización del procedimiento podría estar generando un efecto excluyente sobre personas especialmente vulnerables, en contradicción con el principio de no discriminación y con los objetivos de inclusión social que deben guiar toda política pública de bienestar.
