La Generalitat tiene un máximo de dos meses para avalar o no la propuesta
Las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han propuesto de nuevo clasificar en tercer grado a los nueve presos del 1-O Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Armand Calderó, ha explicado este jueves en rueda de prensa en la sede de la Conselleria de Justicia que las tres Juntas de Tratamiento han acordado las propuestas en reuniones simultáneas que han comenzado a las 9 horas.
El equipo de tratamiento de Lledoners ha respaldado por unanimidad la semilibertad para Sànchez y Cuixart, y por mayoría para Romeva, Junqueras, Forn, Rull y Turull.
Los funcionarios de Puig de les Basses han propuesto por unanimidad el tercer grado para Dolors Bassa, y en la prisión de mujeres Wad-Ras, lo han propuesto por mayoría para Forcadell.
La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1-O: el Tribunal Supremo (TS) lo tumbó en diciembre para los nueve al considerarlo una medida prematura, y la mayoría (excepto Forcadell y Bassa) no llegaron a usar el tercer grado ya que quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía.
MISMO ITINERARIO DE RECURSOS
Tras la propuesta de los funcionarios este jueves, el Servicio de Clasificación Penitenciaria de la Conselleria tiene un periodo máximo de dos meses para dar el visto bueno o hacer una contrapropuesta: si avala la semilibertad, las prisiones deberán precisar los horarios en que cada interno podrá salir de prisión.
Calderó ha explicado que, a pesar de la resolución del Supremo sobre la anterior concesión del tercer grado, el itinerario de posibles recursos de la Fiscalía en caso de que la propuesta sea firme es el mismo: primero ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (que puede darle efectos suspensivos o no) y en última instancia ante el Tribunal Supremo.
