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La Rioja repite el primer examen de oposiciones para garantizar la igualdad y no retrasar la provisión de plazas

El Ejecutivo riojano ordena la repetición de la primera prueba de Gestión de Administración General. Se celebrará el 14 de febrero en la Universidad de La Rioja

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El Gobierno de La Rioja ha resuelto repetir el primer examen de las oposiciones de Gestión de Administración General el próximo 14 de febrero a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Universidad de La Rioja.

Esta decisión se produce después de que se acreditara la imposibilidad de que la prueba realizada el pasado 11 de octubre pudiese ser completada a tiempo, una circunstancia que afectó a la totalidad de los aspirantes que concurrieron a ella.

El Ejecutivo regional considera que la repetición del examen es la solución más ajustada a Derecho, ya que cumple con una doble función: por un lado, evita tener que convocar una nueva oposición desde cero, lo que retrasaría la provisión de las plazas vacantes, y por otro, garantiza que los aspirantes continúen en igualdad de condiciones en el proceso selectivo ya iniciado.

La resolución que ordena esta repetición se ha publicado hoy, viernes día 5, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Esta medida no solo corrige las dificultades técnicas y de tiempo detectadas en la prueba original, sino que se establece como la opción más eficaz y justa frente a la alternativa de comenzar un proceso selectivo completo de nuevo. Una nueva convocatoria implicaría volver a incluir las plazas en una Oferta de Empleo Público y demorar la incorporación de nuevos funcionarios de carrera durante meses.

Además, la medida mantiene vigente la convocatoria con todas las actuaciones y trámites considerados válidos hasta la fecha. Asimismo, se respeta el trabajo del Tribunal Calificador y se asegura que los opositores puedan presentarse de nuevo en igualdad de condiciones, sin perder el tiempo y el esfuerzo ya invertidos en la fase inicial del proceso. El Gobierno subraya que esta solución responde al interés general al asegurar un proceso justo, transparente y eficaz que respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

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