Los tres socios minoritarios del Gobierno de Navarra —EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— han registrado en el Parlamento foral una proposición de ley para ampliar la moratoria sobre las plantas de biometanización, en un movimiento que supone un claro desmarcaje respecto al PSN, partido del Gobierno que en su momento impulsó junto a UPN la moratoria actualmente en vigor. La propuesta, que se debatirá en el próximo curso parlamentario, plantea extender la suspensión de nuevas instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2028.
Los tres grupos recuerdan que ya en su día mostraron reservas ante la moratoria aprobada por UPN y PSN, a la que reprocharon una duración de apenas un año —insuficiente a su juicio para abordar con rigor un fenómeno complejo— y haber dejado fuera determinados proyectos concretos, generando situaciones de desigualdad que no contribuían a una planificación coherente del sector.
La nueva proposición de ley amplía también el alcance de la suspensión para garantizar el principio de igualdad y que el conjunto de las plantas de biometanización que puedan implantarse en Navarra respondan a un mismo nivel de exigencias, cerrando así los huecos que, según los grupos impulsores, dejaba la regulación anterior.
El objetivo declarado de la prórroga es que Navarra disponga del tiempo necesario para culminar un marco regulatorio específico que establezca criterios claros sobre la implantación, el dimensionamiento, el control, la participación pública y la evaluación de impactos de estas instalaciones. Los grupos señalan que durante los últimos meses se ha desarrollado un importante trabajo técnico e institucional acompañado de procesos de escucha con entidades locales, sector agrario y ganadero, empresas promotoras, plataformas vecinales y organizaciones ecologistas, que ha puesto de manifiesto la complejidad del asunto y la necesidad de una regulación rigurosa.
Entre las cuestiones que esa futura regulación deberá abordar, los tres partidos citan el dimensionamiento de las plantas, las distancias mínimas a núcleos habitados, los impactos paisajísticos, el tráfico asociado, la gestión de digestatos, la trazabilidad de los residuos y el control de olores. También reclaman que el proceso incluya una participación ciudadana amplia que permita alcanzar el máximo consenso posible.
Los grupos impulsores no cuestionan el papel del biometano en la transición energética ni en la gestión sostenible de residuos agroganaderos, pero subrayan que su desarrollo debe producirse dentro de una planificación pública rigurosa que garantice el equilibrio territorial, la protección ambiental y la convivencia con las poblaciones afectadas. Con esta iniciativa, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin reafirman su apuesta por una transición ecológica "justa y ordenada" que combine el impulso a las renovables con la protección del territorio navarro.
