El consejero José María Aierdi ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra como exgerente de Nasuvinsa, para dar explicaciones sobre las adjudicaciones a empresas vinculadas a Servinabar en el programa Navarra Social Housing. El portavoz de UPN le situó desde el inicio como “máximo responsable” de dos de las principales adjudicaciones señaladas por la UCO y declaradas nulas de pleno derecho por la Oficina Navarra Anticorrupción (OANA).
El foco se centró especialmente en la licitación de 62 VPO en la parcela BF-23 de Ripagaina, adjudicada en 2018 a la UTE Acciona-Servinavarra, en la que la OANA habla de un “cúmulo de irregularidades” que, individualmente, podrían acarrear la nulidad del procedimiento. Aierdi reconoció su condición de órgano de contratación en ese expediente, pero dijo sentirse “sorprendido” e “indignado” por el tono del informe y afirmó que no comparte “en absoluto” sus conclusiones.
Choque frontal con la Oficina Anticorrupción
Buena parte de la sesión giró en torno al durísimo informe de la OANA, que cuestiona desde la autorización para contratar hasta la composición de la mesa, las actuaciones preparatorias, la falta de actas y la existencia de documentación que no aparece en el expediente. El exgerente sostuvo que varias de esas críticas se apoyan en información incompleta o en interpretaciones jurídicas que chocan con los criterios de la Cámara de Comptos, la Intervención General y los servicios jurídicos de la corporación pública CPEN, que durante años han avalado la no aplicación del Título II de la Ley Foral de Contratos a las sociedades públicas.
Aierdi insistió en que la clave está precisamente en ese punto: si no se aplica el Título II, muchas de las supuestas irregularidades dejan de serlo, empezando por la obligación de nombrar presidencia de mesa o determinadas actuaciones preparatorias estrictamente configuradas para la Administración, no para sociedades públicas. También reprochó a la OANA que les negara un procedimiento contradictorio formal, alegando que lo hecho no fue una investigación al uso, y defendió que, de haber podido presentar alegaciones en tiempo y forma, algunas conclusiones “prematuras” se habrían matizado.
Actas desaparecidas, papeles extraviados y cambios en la gestión
El punto más incómodo para Aierdi fue la ausencia de las actas de la mesa de contratación del lote en el que resultó adjudicataria la UTE Acciona-Servinabar y la pérdida de la documentación presentada por dos de las tres empresas licitadoras. El compareciente admitió que la inexistencia de actas es “relevante” y una “deficiencia del procedimiento”, aunque rechazó que por sí sola implique nulidad de pleno derecho, apoyándose en que el expediente conserva las hojas de puntuaciones técnicas y económicas y no hubo recursos de las empresas.
Sobre la documentación desaparecida, Aierdi apuntó a prácticas heredadas de la administración local, como la devolución a las empresas de parte de los papeles no adjudicatarios, y a una custodia dispersa anterior a la implantación del programa Plena y a la creación de un área específica de contratación en Nasuvinsa en 2019. Como argumento defensivo, subrayó que en el lote 2 del mismo procedimiento sí constan actas, lo que, a su juicio, demostraría que lo habitual era documentar las sesiones y que en el caso más polémico se ha producido una anomalía de archivo, no una manipulación deliberada.
Modificados, cocina y cimentaciones: la fase de obra
Interpelado sobre el modificado del contrato y el incremento de costes, que la OANA llegó a relacionar con un posible “fraude de ley”, Aierdi defendió que las variaciones se ajustaron a la legalidad y contaron con los informes técnicos pertinentes. Explicó que una de las modificaciones vino motivada por un cambio de criterio interno en 2019, cuando Nasuvinsa decidió que las cocinas pasaran a incluirse en la propia obra de vivienda para evitar conflictos posteriores entre contratas y suministradores.
La otra gran partida se vinculó a problemas imprevistos de cimentación y movimiento de taludes, que obligaron a intervenir dos veces y cuya segunda actuación, ya bajo indicaciones de la dirección facultativa, fue considerada sobrevenida y asumible mediante modificado por los técnicos. Aierdi se apoyó en el informe de la Cámara de Comptos, que, según recordó, avaló tanto la cuantía del modificado como el procedimiento seguido, y recalcó que durante su etapa de gerente solo se ejecutó en torno al 6% de la obra antes de que pasara al Gobierno como consejero.
La relación con Antxón Alonso y la sombra de Mina Muga
En el tramo final, UPN llevó el foco a la relación personal y profesional de Aierdi con el empresario Antxón Alonso, uno de los nombres asociados a la causa que investiga el Tribunal Supremo. El consejero admitió que conoció a Alonso antes de ser consejero, cuando ya era gerente de Nasuvinsa, en una reunión para estudiar la posible compra o alquiler de unos terrenos entre Lumbier y Sangüesa para un espacio logístico de Mina Muga, operación que finalmente no se materializó.
Ya como titular de Vivienda y Ordenación del Territorio (la anterior cartera que tuvo entrer 2019 y 2023), mantuvo dos encuentros más con Alonso, en el marco de varias decenas de reuniones sobre Mina Muga, para calibrar el impacto del proyecto en Sangüesa y la necesidad de suelo industrial y vivienda ligada a los empleos que podría generar la mina. Sobre la presencia de Alonso en un acto de inauguración de viviendas en 2023, Aierdi aseguró que Nasuvinsa invita a la empresa adjudicataria –en este caso Acciona– y que es la firma quien decide a qué personas lleva, desvinculándose así de la elección del empresario como asistente.
Cuestionado de forma directa sobre si ha visto indicios de mordidas, corrupción o amaño de contratos en los expedientes investigados, el consejero fue tajante: “En ningún caso”, afirmó, añadiendo que, de haber detectado algo, lo habría denunciado. También recordó que ninguna de las empresas participantes en las licitaciones impugnó los procedimientos, ni en la fase de adjudicación ni tras el modificado, lo que, a su juicio, refuerza la tesis de que, pese a las deficiencias formales, no hubo vulneración material de la igualdad de trato.
