El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en la Comisión Constitucional del Senado que el Gobierno trasladará a la Fiscalía las acciones del president del Parlament balear, Gabriel Le Senne, por si son constitutivas de un delito de odio, tras romper en sede parlamentaria una foto en la que aparecían víctimas del franquismo, como Aurora Picornell.
Torres ha expresado su "repulsa" ante los actos del representante de Vox, por considerar que denigran a "personas que murieron por defender la libertad y la democracia". Considera que las potestades del presidente de un Parlamento "pasan por ordenar el debate y no por crisparlo con actitudes como las vividas el pasado martes".
El ministro se ha referido a las denominadas leyes de "concordia" impulsadas en varias comunidades autónomas. Ha valorado que el Tribunal Constitucional haya suspendido la ley que deroga la ley aragonesa de Memoria Democrática y ha señalado que detrás de la apelación a la concordia "que hacen los gobiernos de la derecha y la ultraderecha en las comunidades autónomas donde gobiernan, se esconde la intención de hacer tabla rasa e imponer una visión de país en la que nuestra historia sólo es pasado".
Frente a ello, Ángel Víctor Torres ha defendido el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática: "Se trata de reconciliar al país consigo mismo, y ello pasa por reparar a los compatriotas que nunca han sido reparados, que no descansan en paz y cuyas familias no pueden honrarles", añadiendo que "no se trata de abrir heridas, sino de hacer justicia".
Nueva identificación en Cuelgamuros
El ministro ha enumerado las distintas acciones que se han llevado a cabo en materia de Memoria Democrática. En el capítulo dedicado al Valle de Cuelgamuros, ha anunciado que los expertos que trabajan en la cripta han identificado otro cuerpo.
Se trata de Esteban Giménez Ezpeleta, una víctima del municipio de Borja (Zaragoza), natural de Magallón y miembro de la sección local del PSOE. Fue asesinado y entonces inhumado en el cementerio de Borja. Posteriormente, en 1959, el ayuntamiento autorizaba la recogida de dos cajas colectivas para su traslado al Valle de Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familiares.
Esta nueva víctima identificada se suma a las 12 ya previamente identificadas procedentes de Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). El ministro ha declarado que él mismo ha comunicado la noticia al nieto de la víctima: "Después de mucho trabajo ha sido un acto de reparación, justicia y lleno de emoción. Pronto entregaremos los restos a su familia".
Torres ha indicado también que ya han finalizado las visitas de los familiares a la cripta, en las que ha participado un total de 149 personas, integrantes de 60 familias. Los trabajos continúan para rescatar los cuerpos de las 170 víctimas que han sido reclamadas por sus descendientes.
Ha revelado además que, "en las próximas semanas" se constituirá la Comisión Interministerial de Resignificación del Valle de Cuelgamuros, "a fin de impulsar y coordinar las medidas para su transformación en un espacio que fomente los valores constitucionales y democráticos y en el que se promuevan el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado".
Torres ha remarcado la importancia para la Memoria Democrática de que hoy mismo el Ministerio de Cultura haya iniciado hoy las actuaciones previas para la extinción de la Fundación Francisco Franco: "Exaltar la dictadura no obedece al interés general"
Sobre esa base -ha señalado- se procederá a la extinción de las distintas fundaciones "cuyos fines no respondan a los preceptos legales".
Sobre el Plan Cuatrienal de Exhumaciones, ha subrayado que se han desarrollado cerca de 600 actuaciones, con una financiación de más de 20 millones de euros, a través de transferencias, principalmente a comunidades autónomas (un 59%), y a entidades locales (un 39%), logrando cerca de 4.500 cuerpos. En 2024 se destinarán 6 millones de euros a estas tareas.
En relación a actuaciones que se llevarán a cabo en adelante, el ministro ha destacado la digitalización del fichero de refugiados republicanos en Francia, con datos relativos a, aproximadamente, 140.000 personas.
