El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y el voto en contra de Vox, una resolución por la que la Cámara muestra “muestra su apoyo a los artistas creadoras y creadores navarras en el ejercicio de su libertad de creación”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Legislativo Foral “defiende la libertad de creación como valor constitucional reconocido dentro de la Constitución española en su artículo 20”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Parlamento de Navarra “rechaza las actitudes de censura contra el arte, los y las artistas o sus obras”. Este epígrafe y el siguiente han prosperado con los votos en contra de UPN y Vox.
Por último, la institución representativa “afirma su compromiso inequívoco con la libertad de creación y contra la censura, rechazando, en consecuencia, la injerencia de los representantes políticos en la cultura y en el arte”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Contigo-Zurekin se hace eco del “creciente y preocupante fenómeno global de cancelación en torno al arte y la literatura” y muestra su inquietud por los recientes intentos de “suprimir y retirar de la esfera pública las obras de algunos autores españoles”, pese a la protección específica que el artículo 20 de la Constitución otorga a la “libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, también en el ámbito de la creación literaria y artística”.
El proponente, que alude a la situación vivida por el artista urbano navarro LKN, que el pasado marzo hubo de retirar precipitadamente una muestra tras la denuncia de un grupo religioso, concluye advirtiendo sobre las diferentes formas de censura y mostrando su respeto por la libertad de gestión que ampara a los espacios privados, tanto “para hacer como para no hacer caso a las presiones de personas o colectivos ajenos” a ellos.
Con la salvedad del último punto, que se suprime, la resolución es una réplica de la declaración institucional rechazada por la Junta de Portavoces del 25 de marzo.
