El Pleno del Parlamento Foral ha rechazado por abrumadora mayoría, con votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, y voto a favor de Vox, una propuesta para instar al Gobierno de Navarra a "eliminar toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes sin documentos que han ingresado a nuestro país incumpliendo las leyes españolas y comunitarias, excepto la asistencia humanitaria urgente que requieran hasta su retorno a sus países de origen".
La resolución rechazada también incluía un segundo punto en el que se pedía al Gobierno de Navarra que "cese en la financiación a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que promuevan o faciliten de alguna manera la inmigración ilegal y el tráfico de personas".
Además, en un tercer apartado, se instaba al Gobierno de Navarra a "tomar todas las medidas necesarias para cerrar los centros de menores extranjeros no acompañados que generan inseguridad en nuestras calles, comenzando por los más problemáticos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados de inmediato con sus padres, familiares o entorno cercano a sus países de origen. Hasta lograr su cierre, se garantizarán las medidas e infraestructuras necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores de estos centros, la disponibilidad de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios cercanos".
Asimismo, se solicitaba al Gobierno de Navarra que "realice las reformas legales necesarias para evitar que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude en el proceso de su solicitud de residencia o asilo".
También se exigía al Gobierno de Navarra que "todas las Administraciones públicas incluyan de manera explícita en las bases de cualquier subvención dirigida a personas físicas el requisito de residencia legal y no solo empadronamiento para poder ser beneficiario".
Además, se pedía al Gobierno de Navarra que "priorice el acceso de los españoles a las ayudas sociales públicas y prestaciones de dependencia".
Por otro lado, se instaba al Gobierno de Navarra a "oponerse, desde las Administraciones regionales, a la reubicación en la región de cualquier inmigrante que haya ingresado ilegal o irregularmente en el país y no haya solicitado protección internacional de ningún tipo".
Finalmente, el Gobierno de Navarra se comprometía a "no destinar ningún presupuesto a la reubicación de inmigrantes ilegales en nuestra región".
En la exposición de motivos, la propuesta impulsada por la A.P.F. Vox señala un "modelo de inmigración descontrolada" que considera responsable de "poner en peligro el futuro, el bienestar y la prosperidad de los navarros, además de aumentar la inseguridad".
En este contexto, pero en lo que respecta a la Comunidad Foral, donde hay "125.558 personas migrantes sobre una población total de 676.699 (18,55 %)", el proponente reclama una "inmigración legal, controlada, adaptada a las necesidades de Navarra y con capacidad y voluntad de integración".
