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Un juez de la Audiencia Nacional admite la querella de dos trabajadoras contra Julio Iglesias

Antonio Piña cita a las querellantes a declarar el 3 de febrero de 2027 y descarta los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, además de lesiones y trato degradante. Estos dos últimos solo se investigarán si los hechos se cometieron después del 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual que no haya prescrito. El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia ha citado a las querellantes a declarar de forma presencial el 3 de febrero del próximo año.

En el mismo auto, el magistrado ha rechazado la querella en lo que se refiere a los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Un principio de prueba, no un juicio sobre la credibilidad

El juez ha basado la admisión en los indicios que aporta la querella, en concreto el testimonio de la querellante, que según el auto «constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal». La querella ofrece además prueba testifical, que se practicará en el momento procesal oportuno, y una prueba documental: una fotografía de la querellante 1 en la que se aprecia un moratón en un brazo, compatible con que la agarraran con fuerza, y dos marcas en un muslo que pueden corresponder a una mordedura. Según la querella, esas marcas son consecuencia de su participación forzada en actos de contenido sexual.

Piña ha precisado que el relato detallado de la querella y ese principio de prueba son suficientes para abrir el procedimiento, «sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad». También ha recordado que en este tipo de delitos tiene especial relevancia la declaración de la víctima, porque se producen en un ámbito de intimidad y sin testigos directos.

Posible prescripción de los hechos

El instructor ha explicado que las conductas descritas podrían constituir un delito contra la libertad sexual, pero que en esta fase inicial no puede pronunciarse sobre la prescripción de algunas de ellas, en particular las que la legislación anterior calificaba como abuso sexual y que llevaban aparejada una pena inferior a cinco años. En el caso de los delitos de maltrato y lesiones, habrá que fijar primero la fecha de comisión, sin perjuicio de que puedan formar parte de la mecánica de delitos con una pena superior.

Por qué descarta la trata y el delito laboral

Sobre la trata de seres humanos, el juez ha analizado la contratación de las dos mujeres y ha concluido que no hubo engaño ni artificio, ni tampoco una situación de vulnerabilidad como la que describen las querellantes. En cuanto a los derechos de los trabajadores, ha señalado que no puede investigarse porque la legislación de Bahamas y de República Dominicana, donde presuntamente se cometieron los hechos, carece de un tipo penal asimilable.

Los whatsapps y el tono «afectuoso»

El auto examina los mensajes de WhatsApp intercambiados entre las querellantes, Julio Iglesias y otras dos trabajadoras, las llamadas «house managers», contra las que inicialmente se presentó la querella ante la Fiscalía, pero no ante el juzgado. Según el magistrado, la relación se prolongó durante tres años sin que en ese tiempo se formulara reproche alguno. «Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad», señala la resolución, que cita como ejemplo las reiteradas felicitaciones de año nuevo y el interés por saber cómo se encontraban. Ese vínculo, añade, se mantuvo hasta 2024.

Piña considera que ese tono cordial deberá contrastarse con el conjunto de la relación y con las explicaciones de las partes. Los mensajes, ha apuntado, «presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato», que deberá esclarecerse con la declaración de la querellante 1 y con un examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones.

Sin condición de testigos protegidos

El juez ha denegado también que las dos querellantes tengan la condición de testigos protegidos y la medida de alejamiento, porque la querella no aporta ningún elemento concreto que acredite la especial situación de peligro que exige la ley. En este sentido, ha indicado que la posición de dominio que se atribuye al cantante no basta para presuponer un riesgo.

Una jurisdicción competente, pero con reparos

Antes de entrar en los hechos, el magistrado ha explicado que la justicia española es competente por la nacionalidad española del cantante, ya que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los tribunales españoles el conocimiento de delitos cometidos fuera de España por ciudadanos españoles cuando se cumplen determinados requisitos, algo que ocurre en este caso.

Sin embargo, ha advertido de que las querellantes también podían haber acudido a los tribunales del país donde se produjeron los hechos y de que no se han puesto de manifiesto circunstancias objetivas que cuestionen la capacidad de las autoridades judiciales de República Dominicana. A su juicio, la decisión de acudir a España parece responder a razones de oportunidad procesal o de conveniencia, aunque pueda fragmentar el conocimiento de unos hechos que, por su naturaleza y por el número de personas que habrían intervenido, aconsejarían un enjuiciamiento conjunto.

El instructor ha subrayado que el relato de la querella no atribuye las conductas únicamente al cantante, sino que incorpora actuaciones de las dos house managers que, de resultar acreditadas, podrían tener relevancia penal en relación con el delito de agresión sexual. Piña se ha preguntado por qué no se presentó querella contra ellas y ha respondido que la causa parece estar en las limitaciones de la jurisdicción española para extender su competencia a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional, mientras que la nacionalidad española de Iglesias permite invocar el principio de personalidad activa.

El juez ha concluido que, en este supuesto, el principio de territorialidad ofrece un marco potencialmente más adecuado para garantizar una investigación completa, coherente y unitaria, al permitir extender el procedimiento a todas las personas presuntamente implicadas y evitar la fragmentación artificial de una realidad delictiva que, de confirmarse, debería valorarse de forma conjunta.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, además de lesiones y trato degradante. Estos dos últimos solo se investigarán si los hechos se cometieron después del 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual que no haya prescrito. El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia ha citado a las querellantes a declarar de forma presencial el 3 de febrero del próximo año.

En el mismo auto, el magistrado ha rechazado la querella en lo que se refiere a los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Un principio de prueba, no un juicio sobre la credibilidad

El juez ha basado la admisión en los indicios que aporta la querella, en concreto el testimonio de la querellante, que según el auto «constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal». La querella ofrece además prueba testifical, que se practicará en el momento procesal oportuno, y una prueba documental: una fotografía de la querellante 1 en la que se aprecia un moratón en un brazo, compatible con que la agarraran con fuerza, y dos marcas en un muslo que pueden corresponder a una mordedura. Según la querella, esas marcas son consecuencia de su participación forzada en actos de contenido sexual.

Piña ha precisado que el relato detallado de la querella y ese principio de prueba son suficientes para abrir el procedimiento, «sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad». También ha recordado que en este tipo de delitos tiene especial relevancia la declaración de la víctima, porque se producen en un ámbito de intimidad y sin testigos directos.

Posible prescripción de los hechos

El instructor ha explicado que las conductas descritas podrían constituir un delito contra la libertad sexual, pero que en esta fase inicial no puede pronunciarse sobre la prescripción de algunas de ellas, en particular las que la legislación anterior calificaba como abuso sexual y que llevaban aparejada una pena inferior a cinco años. En el caso de los delitos de maltrato y lesiones, habrá que fijar primero la fecha de comisión, sin perjuicio de que puedan formar parte de la mecánica de delitos con una pena superior.

Por qué descarta la trata y el delito laboral

Sobre la trata de seres humanos, el juez ha analizado la contratación de las dos mujeres y ha concluido que no hubo engaño ni artificio, ni tampoco una situación de vulnerabilidad como la que describen las querellantes. En cuanto a los derechos de los trabajadores, ha señalado que no puede investigarse porque la legislación de Bahamas y de República Dominicana, donde presuntamente se cometieron los hechos, carece de un tipo penal asimilable.

Los whatsapps y el tono «afectuoso»

El auto examina los mensajes de WhatsApp intercambiados entre las querellantes, Julio Iglesias y otras dos trabajadoras, las llamadas «house managers», contra las que inicialmente se presentó la querella ante la Fiscalía, pero no ante el juzgado. Según el magistrado, la relación se prolongó durante tres años sin que en ese tiempo se formulara reproche alguno. «Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad», señala la resolución, que cita como ejemplo las reiteradas felicitaciones de año nuevo y el interés por saber cómo se encontraban. Ese vínculo, añade, se mantuvo hasta 2024.

Piña considera que ese tono cordial deberá contrastarse con el conjunto de la relación y con las explicaciones de las partes. Los mensajes, ha apuntado, «presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato», que deberá esclarecerse con la declaración de la querellante 1 y con un examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones.

Sin condición de testigos protegidos

El juez ha denegado también que las dos querellantes tengan la condición de testigos protegidos y la medida de alejamiento, porque la querella no aporta ningún elemento concreto que acredite la especial situación de peligro que exige la ley. En este sentido, ha indicado que la posición de dominio que se atribuye al cantante no basta para presuponer un riesgo.

Una jurisdicción competente, pero con reparos

Antes de entrar en los hechos, el magistrado ha explicado que la justicia española es competente por la nacionalidad española del cantante, ya que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los tribunales españoles el conocimiento de delitos cometidos fuera de España por ciudadanos españoles cuando se cumplen determinados requisitos, algo que ocurre en este caso.

Sin embargo, ha advertido de que las querellantes también podían haber acudido a los tribunales del país donde se produjeron los hechos y de que no se han puesto de manifiesto circunstancias objetivas que cuestionen la capacidad de las autoridades judiciales de República Dominicana. A su juicio, la decisión de acudir a España parece responder a razones de oportunidad procesal o de conveniencia, aunque pueda fragmentar el conocimiento de unos hechos que, por su naturaleza y por el número de personas que habrían intervenido, aconsejarían un enjuiciamiento conjunto.

El instructor ha subrayado que el relato de la querella no atribuye las conductas únicamente al cantante, sino que incorpora actuaciones de las dos house managers que, de resultar acreditadas, podrían tener relevancia penal en relación con el delito de agresión sexual. Piña se ha preguntado por qué no se presentó querella contra ellas y ha respondido que la causa parece estar en las limitaciones de la jurisdicción española para extender su competencia a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional, mientras que la nacionalidad española de Iglesias permite invocar el principio de personalidad activa.

El juez ha concluido que, en este supuesto, el principio de territorialidad ofrece un marco potencialmente más adecuado para garantizar una investigación completa, coherente y unitaria, al permitir extender el procedimiento a todas las personas presuntamente implicadas y evitar la fragmentación artificial de una realidad delictiva que, de confirmarse, debería valorarse de forma conjunta.