El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización Ecologistas en Acción contra la concesión de explotación minera Fronterizo, uno de los tres títulos que integran el Proyecto Muga. La sentencia confirma la plena legalidad del procedimiento administrativo y de la tramitación ambiental favorable, al tiempo que impone las costas procesales a la parte demandante.
Esta resolución supone un respaldo judicial clave a la rigurosidad técnica de una iniciativa considerada estratégica para la autonomía en el suministro de materias primas esenciales en Europa, reduciendo la dependencia exterior de potasa frente a países como Rusia y Bielorrusia.
La coordinación entre Navarra, Aragón y el Estado ante el Tribunal Supremo
El fallo del TSJM respalda un procedimiento administrativo excepcionalmente complejo que se ha prolongado durante más de quince años. La actuación requirió la intervención de cientos de organismos públicos, la emisión de más de ochenta informes favorables y una coordinación mediante Encomienda de Gestión entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Navarra y Aragón, siguiendo las pautas de la Abogacía del Estado para articular las tres concesiones del yacimiento: Goyo, Muga y Fronterizo.
Este pronunciamiento se suma a la decisión adoptada el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, que admitió los recursos de casación presentados por el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón y la empresa Geoalcali contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la concesión Goyo. La resolución definitiva sobre la cuestión competencial del conjunto del proyecto permanece pendiente del dictamen del Alto Tribunal.
El CEO de Geoalcali, Carles Alemán, ha valorado que la admisión a trámite en el Supremo —que solo ocurre en un 10-15 % de los casos— junto al fallo del TSJM "refuerza la consistencia jurídica de Mina Muga", al tiempo que ha manifestado su preocupación por cómo la dilación de estos procesos y las actuaciones orientadas a obstaculizar iniciativas estratégicas pueden perjudicar la confianza de los inversores en la industria española.
Impacto económico, empleo industrial y desarrollo contra la despoblación
Más allá de su dimensión jurídica, el Proyecto Muga representa un importante motor socioeconómico para el territorio y la fijación de población en zonas rurales. Se prevé que la actividad genere aproximadamente 800 empleos directos y alcance hasta 7.000 empleos entre directos e indirectos.
Asimismo, la previsión financiera contempla la aportación de más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales a lo largo de la vida útil de la explotación minera.
