El Gobierno de Navarra ha incorporado en el portal oficial www.navarra.es un nuevo trámite digital para simplificar la solicitud de autorizaciones ambientales en cauces naturales, artificiales y entornos fluviales. Esta herramienta permite a personas físicas, jurídicas, entidades locales, empresas de servicios y a las confederaciones hidrográficas tramitar por vía telemática los permisos requeridos para realizar intervenciones en el medio fluvial mediante certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.
La Dirección General de Medio Ambiente, a través del personal técnico de la Sección de Calidad del Agua y Medio Fluvial y con el apoyo de Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente, analiza cada expediente para evitar afecciones en la vegetación de ribera, la fauna o la calidad de las aguas. Para facilitar la adaptación de la ciudadanía y los profesionales, el formato telemático convivirá temporalmente con la presentación presencial en las oficinas de registro institucional.
Tipos de actuaciones, impacto ambiental y reparto por cuencas hidrográficas
La tramitación es obligatoria para trabajos de mantenimiento de cauces, cortas de vegetación, estabilización de taludes y conservación de infraestructuras como puentes, carreteras o tendidos eléctricos. La Comunidad Foral gestiona una media de 415 expedientes anuales de esta índole, correspondiendo el 97% a solicitudes de intervención y un 3% a actuaciones derivadas de denuncias por infracción ambiental.
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Origen de las solicitudes: Más del 50% de las peticiones proceden del sector público —destacando un 33% de organismos de cuenca y más del 20% de entidades locales—, mientras que el resto corresponde a empresas y titulares de terrenos agrícolas.
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Distribución geográfica: El 87% de los expedientes se sitúan en la vertiente mediterránea, gestionados de forma mayoritaria a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), mientras que el 13% restante pertenece a la vertiente cantábrica, vinculada a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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Condiciones de autorización: Tras la evaluación técnica, la administración emite un informe con las condiciones ambientales específicas para proteger especies catalogadas o espacios naturales integrados en el Dominio Público Hidráulico.
