La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 22 meses de prisión a un hombre de 59 años, natural de Pamplona, como autor de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y doméstica.
La sentencia ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa. El fallo judicial establece que el procesado no podrá comunicarse por ningún medio ni aproximarse a menos de 300 metros de su esposa —de la que se encuentra en trámites de separación— ni de sus dos hijos durante un periodo de 4 años.
No obstante, la sala ha acordado la suspensión de la pena de prisión por un plazo de 2 años. Esta medida queda condicionada a que el condenado asuma la responsabilidad civil correspondiente, respete estrictamente las prohibiciones de comunicación y acercamiento, y participe de manera obligatoria en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.
El origen de la denuncia por maltrato en la merindad de Pamplona
Los hechos delictivos se localizaron en un municipio de la merindad de Pamplona, donde el acusado y la víctima convivieron durante más de dos décadas. Según detalla la resolución, el comportamiento agresivo y el carácter voluble del encausado generaron una dinámica de desprecio constante hacia su esposa, dirigida mediante insultos y vejaciones cotidianas. Con los años, esta conducta continuada sumió a la mujer en un estado de constante angustia y temor.
Este patrón de violencia también se extendió hacia los hijos de la pareja. De forma específica, la sentencia recoge que el padre insultaba, empujaba y llegó a golpear y agarrar del cuello a su hija. Asimismo, propinó bofetadas a su hijo motivado por los resultados escolares.
La gravedad de la situación y la presión psicológica derivada de estas agresiones y reproches condujeron a la madre a un intento autolítico en enero de 2023. Tras recibir el alta médica en junio de ese mismo año, un nuevo episodio de insultos en el domicilio familiar motivó que la hija alertara a la Guardia Civil, momento en el que el agresor abandonó definitivamente la vivienda común.
