CCOO ha denunciado que la empresa Security Services Kuo no ha abonado las nóminas de junio a más de 50 personas trabajadoras contratadas en Navarra. La compañía, que actualmente atraviesa un concurso de acreedores, no ha proporcionado ni explicaciones ni soluciones a los afectados, generando una situación de tensión e incertidumbre en las plantillas.
Los trabajadores impagados prestan servicios de vigilancia y seguridad en instalaciones sanitarias de titularidad pública y subcontratadas. Security Services Kuo está presente en el Hospital de Navarra, el Hospital García Orcoyen de Estella, los centros de salud de Tafalla y Aoiz, y también realiza labores de seguridad en la Cámara de Comptos. Todos ellos son servicios encargados por el Gobierno de Navarra a través de concesiones privadas.
La situación plantea un escenario crítico: trabajadores que prestan servicios esenciales en infraestructuras públicas se encuentran sin percibir salarios, mientras sus empresas contratistas atraviesan crisis financieras. El sindicato ha señalado que las plantillas esperan una solución inmediata que reconvierta la situación.
Una crítica al modelo de subcontratación
CCOO ha aprovechado esta crisis para cuestionar el modelo de contratación utilizado por las administraciones públicas en Navarra. El sindicato considera que la política de subcontratación de servicios a través de empresas privadas, especialmente con pliegos de condiciones planteados al baja, es una lacra que perjudica directamente a miles de trabajadores y sus familias, y que genera precarización en sectores esenciales como la vigilancia hospitalaria.
Para el sindicato, la raíz del problema está en los propios pliego de licitación que lanzan las administraciones. Estos documentos, diseñados para conseguir los precios más bajos posibles, hacen que solo empresas con márgenes de ganancia muy ajustados puedan optar a las concesiones, generando fragilidad económica y vulnerabilidad ante cambios de mercado o crisis de liquidez.
CCOO ha exigido una mayor vigilancia en la confección de los pliegos y requisitos más exigentes para poder optar a futuras concesiones públicas. Asimismo, apuesta por la gestión directa y en plantilla de los servicios esenciales, eliminando intermediarios que muchas veces terminan quebrando y dejando a los trabajadores sin protección.
La denuncia llega en un contexto de debate más amplio sobre la tercerización de servicios públicos en Navarra, y cuestiona si el ahorro económico conseguido con este modelo compensa realmente el coste social de la precariedad laboral.
