Dos agentes de la UCO, entre ellos el teniente coronel jefe Antonio Balas, apenas pudieron responder sobre la presunta trama de obras públicas en Navarra por orden del juez, en una sesión a puerta abierta marcada por un incidente entre la presidenta de la comisión, Irati Jiménez (EH Bildu), y el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, que exhibió un tricornio sobre la mesa en apoyo a la Guardia Civil.
La comparecencia de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la unidad, convirtió este martes la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra en un escaparate del pulso entre política y justicia en torno a las licitaciones y adjudicaciones de obra pública de las últimas cuatro legislaturas. Citados a petición de EH Bildu, los investigadores acudieron a la Cámara foral a puerta abierta, pero con su imagen protegida: la sesión se retransmitió sin mostrar sus rostros para preservar su identidad.
Desde el inicio, la presidenta de la comisión, Irati Jiménez (EH Bildu), recordó que el objeto de la sesión era el informe de la UCO que obra en la causa especial abierta primero en el Tribunal Supremo y hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y advirtió de las obligaciones penales y de reserva que afectan a los comparecientes. Los agentes, identificados únicamente por sus números profesionales, dejaron claro a la primera pregunta que actuaban bajo instrucciones directas del magistrado instructor de la causa 20775/2020 y que no responderían “a ninguna cuestión” relacionada con esas diligencias.
La estrategia de silencio condicionó todos los turnos. El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, trató de acotar el foco a Navarra, preguntando si alguna de las obras detalladas en los informes de la UCO —desde contratos de Adif en Murcia o Logroño hasta el pabellón Navarra Arena, el proyecto Minamuga o los túneles de Belate— estaba siendo investigada por su relación con la Administración foral. Los agentes reiteraron que su deber era cumplir las órdenes del juez y mantener la reserva sobre cualquier extremo de la investigación, pese a que los informes han sido difundidos por la prensa y son, en parte, de dominio público.
UPN aprovechó la presencia de la UCO para reforzar su relato sobre la presunta trama de corrupción ligada a Acciona y Servinova y al dirigente socialista Santos Cerdán. Su portavoz, Javier Esparza, sostuvo que EH Bildu buscaba “desvincular al Gobierno de Navarra” de unas investigaciones que, según los informes policiales y autos judiciales, apuntarían a una “trama” en torno a la adjudicación de la mayor obra pública de la última década: los túneles de Belate, por 76 millones, a una UTE integrada por Acciona, Servinova y la constructora navarra Osés. Esparza recordó la denuncia presentada por UPN ante la Guardia Civil en septiembre de 2024 por supuestas irregularidades en esa adjudicación, como los votos particulares de los letrados de la Administración, las dudas sobre la solvencia técnica de Acciona o el papel decisivo del presidente de la mesa de contratación, ya septuagenario.
El PSN, por contra, se centró en cuestionar algunas de las piezas que la UCO ha incorporado a la causa y en relativizar la conexión directa con Navarra. Su portavoz, Javier Lecumberri subrayó que el juez rechazó la personación del Gobierno foral al no apreciar por ahora ninguna adjudicación bajo investigación formal, más allá de alusiones y peticiones de obras, y puso el foco en documentos como el contrato privado entre Cerdán y el empresario Alonso que supuestamente le otorgaría participación en Servinabar. Lecumberri preguntó, sin obtener respuesta, si existía alguna evidencia económica —facturas o transferencias— que avalara el pago pactado en ese contrato, y mostró escepticismo ante otros papeles sin firma ni identificación clara que apuntarían a un “socio oculto”.
Geroa Bai y Contigo-Zurekin intentaron, sin éxito, despejar la incógnita que planea sobre toda la comisión: si la UCO investiga o no obras adjudicadas por la Administración navarra, y en particular si los túneles de Belate han sido ya incorporados de hecho a la causa especial, tal y como la propia unidad sugirió en uno de sus informes. Los agentes se limitaron a confirmar que el deber de reserva alcanza “cualquier cuestión relacionada con la causa”, incluyendo el alcance de las diligencias, la selección de obras o la eventual ampliación de la investigación a contratos forales. Preguntados incluso por el origen de las filtraciones de los informes a la prensa, respondieron con un lacónico “no” a tener información al respecto.
Desde el Partido Popular, Javier García reivindicó la labor “objetiva y rigurosa” de la UCO y criticó la “falta de escrúpulos” de quienes, a su juicio, tratan de “utilizar partidistamente” la comisión y “poner en duda” las pruebas de la Guardia Civil. El popular matizó además la lectura socialista sobre la personación del Gobierno navarro, subrayando que el auto del juez se limita a cuestionar si la Administración puede actuar como víctima o perjudicada, sin descartar que existan obras bajo el radar de la causa.
El momento de máxima tensión llegó con el turno del Grupo Mixto. Nada más sentarse, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, depositó un tricornio sobre la mesa como gesto de apoyo al cuerpo, lo que llevó a la presidenta Irati Jiménez a llamarle la atención y a exigirle que retirara la prenda “por cortesía de esta cámara”. Ante la negativa inicial del parlamentario, la presidenta decidió suspender brevemente la sesión, que se reanudó minutos después con el tricornio ya retirado y el aviso formal a Jiménez.
En su intervención, el portavoz de Vox convirtió su turno en una exaltación de la Guardia Civil y un ataque frontal a los investigados. Revindicó el lema “El honor es mi divisa”, recordó el origen navarro del fundador del Cuerpo y calificó a los agentes de la UCO como ejemplo de “honor, servicio y compromiso con la sociedad”, mientras llamaba “delincuentes, traidores, corruptos y malnacidos” a quienes, según su partido, integran una “organización criminal” en torno a Servinavar, Codo, Acciona y la presunta financiación irregular del PSOE. Jiménez llegó a tildar a Santos Cerdán de “traidor a España y a Navarra” y expresó abiertamente su deseo de que la próxima visita de la UCO al Parlamento sea “para llevarse a algunos detenidos”.
La sesión terminó como había empezado: con los agentes firmes en su negativa a entrar en el contenido de la causa y los grupos parlamentarios proyectando sobre su silencio sus propias lecturas del llamado “caso Cerdán”. Sin respuestas sobre si hay o no obra pública navarra bajo investigación policial, la comisión continuará su calendario de comparecencias con el peso de una incógnita que solo los tribunales, y no la UCO en sede parlamentaria, podrán despejar.
