El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles la “preocupación” del Ejecutivo foral ante las informaciones publicadas por Newtral sobre el centro Vida Nueva, ubicado en Ciriza, y las posibles prácticas de conversión sexual que, según el reportaje, se habrían llevado a cabo en el sanatorio.
Durante su intervención, Remírez subrayó que se trata de un centro de iniciativa privada que no cuenta con plazas concertadas ni con ningún protocolo de derivación desde los servicios sociales públicos. Asimismo, aseguró que ni el Departamento de Derechos Sociales ni el de Salud han recibido denuncias formales, quejas o reclamaciones por parte de usuarios relacionadas con los hechos descritos en la información periodística.
El portavoz explicó que el Departamento de Derechos Sociales ha realizado seis inspecciones en el centro desde 2016, la última en diciembre de 2025. Aunque en ninguna de ellas se han detectado indicios de ilícito penal, sí se constató en la última visita un incumplimiento de la normativa vigente en relación con el número máximo de plazas por habitación. Ante esta situación, se requirió al centro que realizara las adaptaciones necesarias antes de marzo de 2025, además de otros ajustes normativos y la aportación de documentación médica.
Al comprobar que dichas modificaciones no se habían llevado a cabo, el Gobierno foral inició el pasado 16 de diciembre un expediente para revocar la autorización de funcionamiento del centro y excluirlo del registro de centros de servicios sociales. Un procedimiento administrativo que, según precisó Remírez, se encuentra actualmente en fase de tramitación y está sujeto a alegaciones. De prosperar, el centro quedaría imposibilitado para concurrir a ayudas públicas.
En relación con los testimonios que apuntan a posibles prácticas abusivas, el portavoz indicó que el Gobierno actúa dentro del ámbito de sus competencias y recordó que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede presentar una denuncia. No obstante, insistió en que, hasta la fecha, no constan denuncias formales ante la Administración foral por estos hechos.
Remírez también aclaró que el Departamento de Salud no mantiene ninguna relación contractual con el centro ni realiza derivaciones desde la red pública de salud mental. La atención sanitaria que reciben los residentes se debe, explicó, a que el centro está ubicado en una localidad adscrita a un determinado centro de salud, el de Buztintxuri, por lo que sus residentes son atendidos como cualquier otro vecino de la zona.
En cuanto a los 55.000 euros de fondos públicos recibidos por el centro, el portavoz señaló que se corresponden con subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos concretos, principalmente en materia de prevención de adicciones, y no a una financiación estructural o concertada del centro. En este sentido, recalcó que el Gobierno de Navarra actuará “como ha demostrado que hace” si se detecta cualquier incumplimiento de la normativa vigente.
