Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarticulado una red criminal en la provincia de Cádiz dedicada al fraude institucional. La investigación ha culminado con la detención de 16 personas y la investigación de otras cuatro, acusadas de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.
El fraude, detectado originalmente en la localidad de Jerez de la Frontera, se basaba en la creación de empresas ficticias que carecían de actividad real. Estas mercantiles eran utilizadas para dar de alta a trabajadores que no prestaban ningún servicio efectivo, con el único objetivo de generar el derecho a percibir prestaciones y subsidios del sistema público de forma indebida.
Impacto económico y modus operandi
El perjuicio económico total causado a las arcas públicas se estima cercano a los 500.000 euros. Según han acreditado los investigadores, el entramado ocultaba ingresos de forma deliberada y mantenía un impago reiterado de las cuotas de la Seguridad Social.
Entre las irregularidades detectadas, la Policía ha confirmado que:
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25 trabajadores ficticios percibieron prestaciones del SEPE por un valor superior a los 140.000 euros.
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Se obtuvieron cobros indebidos por "nacimiento y cuidado de menor" a través del INSS.
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Varios implicados cobraron por Incapacidad Temporal mediante pagos directos de mutuas por casi 16.000 euros.
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Al menos una persona utilizó este contrato falso para regularizar su situación administrativa en España y renovar su documentación de extranjero.
Lucha contra el fraude laboral
Esta operación se enmarca en los planes de control contra el empleo irregular, donde la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los organismos de control laboral es clave. La investigación continúa abierta para determinar si existen más empresas implicadas o beneficiarios de este entramado criminal que ha golpeado la sostenibilidad del sistema de bienestar.
