Este martes se ha celebrado, en el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, la audiencia previa de la demanda colectiva que OCU inició en 2016 en defensa de más de 7.500 consumidores afectados por el Dieselgate, para los que solicita más de 22 millones de euros.
Tras un intento fallido en Madrid, donde la Audiencia Provincial consideró que ese fuero no era la jurisdicción competente, y obligó a OCU a repetir todo el proceso, esta vez en Barcelona, se continua así con un proceso judicial iniciado en 2017, donde esperemos que por fin se haga justicia para los consumidores afectados.
En la audiencia previa celebrada hoy, ha quedado de manifiesto una vez más la impasividad por parte de Volkswagen a llegar a un acuerdo que pusiera fin al proceso, por ello y tras resolver una serie de cuestiones previas y admitir una serie de pruebas, el juez ha señalado la fecha del próximo 22 de octubre de 2024 para la celebración de la vista oral. OCU ha denunciado el "diferente tratamiento" que ha empleado Volkswagen con los afectados. Mientras indemniza a los consumidores americanos, o llega a acuerdos en Australia, Alemania e Italia, mantiene una actitud muy diferente en otros países como España, Bélgica o Portugal, donde obliga a miles de consumidores a acudir a los tribunales. Una actitud que en opinión e OCU "se ha visto favorecida por la inmovilidad absoluta de las diferentes administraciones en España, que no han sancionado a la empresa a pesar de que esta ha reconocido de forma abierta la manipulación de las emisiones y el engaño a millones de consumidores".
OCU confía en que "a pesar del tiempo transcurrido, más de siete años, finalmente la justicia reconozca los derechos de los más de 7.500 consumidores, aunque lamenta el plazo excesivo en la resolución del procedimiento y espera que, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se agilicen las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos".
