La Guardia Civil, en el marco de la operación “Cover”, ha asestado un golpe decisivo contra los delitos medioambientales en la provincia de Málaga. La investigación ha concluido con la imputación de doce personas físicas y tres personas jurídicas (empresas) acusadas de verter ilegalmente más de 167.000 toneladas de residuos procedentes de obras de construcción y movimientos de tierras.
Los investigados, profesionales del sector de la construcción, eludían sistemáticamente los controles legales para la gestión de residuos con un objetivo económico: evitar los costes derivados del tratamiento en plantas autorizadas. Para ello, transformaron diversas parcelas rústicas en la comarca de la Axarquía en vertederos clandestinos, provocando un impacto ecológico de graves dimensiones en suelo protegido.
Riesgos para la salud: Amianto y contaminación de acuíferos
La peligrosidad de estos vertidos radica en la naturaleza de los materiales localizados. Entre los escombros se han hallado fragmentos de amianto (fibrocemento), una sustancia altamente tóxica que requiere protocolos de manipulación extremadamente rigurosos para evitar la emisión de fibras nocivas al aire.
Además del riesgo para la salud pública, la Guardia Civil advierte de las graves consecuencias ambientales que generan estas acumulaciones incontroladas:
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Contaminación de aguas: La filtración de líquidos tóxicos amenaza la pureza de los acuíferos locales.
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Riesgo de incendios: La acumulación masiva de materiales inflamables en zonas rústicas multiplica la posibilidad de siniestros forestales.
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Degradación del suelo: La alteración de terrenos protegidos para fines industriales ilegales.
Las diligencias instruidas por los agentes ya han sido entregadas en la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, donde los investigados se enfrentan a penas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
