El nuevo Plan Director que regirá la cooperación internacional para el desarrollo en Navarra durante los próximos cuatro años se encuentra en fase de diseño. En este contexto, el Gobierno de Navarra ha puesto sobre la mesa una propuesta de financiación que, según la Coordinadora de ONGD de Navarra, no se ajusta al último acuerdo programático firmado por los socios de gobierno en materia de cooperación ni contempla el incremento presupuestario anual necesario para cumplir con las políticas defendidas.
Las posiciones entre el Ejecutivo foral y el sector de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo permanecen alejadas. En este escenario, el grupo parlamentario Contigo Zurekin presentó ayer una moción en el Parlamento que instaba al Gobierno a incorporar una senda presupuestaria consensuada con la Coordinadora de ONGD de Navarra, con el objetivo de asegurar el desarrollo de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo.
La iniciativa incluía un segundo punto en el que se solicitaba garantizar en los presupuestos generales la partida acordada anualmente, desvinculándola de la financiación estructural del conjunto de políticas sociales.
Navarra, según la Coordinadora, se encuentra ante una encrucijada que determinará el grado de compromiso de sus políticas públicas con la cooperación. Actualmente, la comunidad dispone de una dotación similar a la de los años 2008-2010, pese a que el presupuesto general ha aumentado en unos 2.000 millones de euros desde entonces. La organización advierte de que el Gobierno no puede relegar la cooperación a un segundo plano mientras se diseña el futuro de este ámbito estratégico, orientado a una acción más eficaz, planificada y de mayor impacto.
La cooperación —subrayan— no debe entenderse como una concesión caritativa ni como moneda de cambio, sino como un pilar del compromiso con los derechos humanos, la paz y la construcción de un mundo más inclusivo, justo y sostenible. Cada euro invertido en este ámbito contribuye a prevenir conflictos, fortalecer capacidades institucionales, reducir desigualdades, evitar migraciones forzosas y salvar vidas. “No es gasto: es inversión en un futuro común”, destacan.
La moción parlamentaria fue votada por puntos: el primero resultó aprobado y el segundo rechazado. La Coordinadora lamenta que no prosperara el conjunto de la propuesta, aunque considera que la aprobación parcial refleja el respaldo de los partidos que sustentan al Gobierno a la necesidad de establecer una senda presupuestaria consensuada que acerque la financiación al objetivo del 0,7% en 2030.
Por ello, la organización hace un llamamiento al Ejecutivo foral para retomar el diálogo y acordar un incremento estable y progresivo que permita alcanzar esta meta. Con una financiación del 0,4% en 2026 —y no del 0,45% señalado por el Gobierno, que supondría 2,5 millones de euros adicionales—, considera imprescindible alcanzar un nuevo acuerdo para el IV Plan Director.
