El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha valorado la reciente polémica sobre el IRPF de las personas que cobran el salario mínimo, marcada por la diferencia de posición expresada entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Arasti ha señalado que «es una polémica que aquí en Navarra no opera ni afecta», recordando que en la comunidad foral se ha aprobado recientemente una ley de medidas tributarias con un amplio consenso en el Parlamento.
El consejero ha querido aclarar que «en Navarra no existe el mínimo de exención de tributación» y que lo que sí existe es «el umbral a partir del cual los contribuyentes navarros están obligados a presentar la declaración». Ha destacado que «no es lo mismo retención que pago», señalando que de las 350.000 declaraciones que se realizan en Navarra, «el 66 % son negativas, es decir, a devolver».
Respecto a si Navarra se plantea revisar sus tipos mínimos tras la subida del salario mínimo, Arasti ha explicado que «estos temas se analizan dentro de la mesa de fiscalidad abierta con los diferentes grupos políticos» y que se debatirá su pertinencia en ese foro. Ha afirmado que el incremento de 50 euros en el salario mínimo «no afecta a la tributación de los navarros» porque el tramo actual sigue estando por debajo del umbral de los 16.750 euros.
Asimismo, ha defendido que «este Gobierno trabaja para que los trabajadores tengan un salario mínimo suficiente» y ha señalado que «no quiere decir que tenga que dejar de tributar». A modo de ejemplo, ha planteado: «Ojalá el salario mínimo fueran 25.000 euros, si son 25.000, ¿también tienen que dejar de tributar?».
Sobre la polémica a nivel estatal, ha criticado que «partidos políticos que se han negado por activa y por pasiva a la revalorización del salario mínimo difícilmente pueden dar lecciones en ese sentido». En cuanto a la posibilidad de que Navarra establezca su propio salario mínimo, ha explicado que «mientras las competencias estatales sigan siendo estatales, poca o ninguna discusión política tiene sentido», dejando claro que el Gobierno de Navarra trabaja dentro de sus competencias y la flexibilidad que permite la ley.
