El puerto de Burriana y Vinaròs, en la Comunidad Valenciana, ha sido un refugio vital para las embarcaciones de rescate y ayuda humanitaria durante los últimos años. Estos puertos ofrecían no solo un espacio seguro para descansar, sino también un lugar donde realizar labores de mantenimiento cruciales para mantener los barcos en condiciones óptimas de operación. La flota civil de rescate, que incluye al emblemático barco Aita Mari, ha podido realizar su labor humanitaria gracias a la exención de tasas portuarias que ofrecía el gobierno valenciano. Esta medida, contenida en el artículo 4.2 de la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias, permitía a las entidades de carácter humanitario, como Salvamento Marítimo Humanitario, operar sin el peso adicional de estas tarifas.
Sin embargo, esta situación ha dado un giro drástico con la formación del nuevo gobierno en Valencia, encabezado por el Partido Popular (PP) en coalición con VOX. Uno de los primeros cambios impulsados por este nuevo gobierno ha sido la eliminación de la exención de tasas para las embarcaciones de ayuda humanitaria, a través de la modificación de la Ley 2/2014 de Puertos de la Generalitat. VOX, que ha mantenido una postura crítica hacia la presencia de barcos de rescate en puertos valencianos, parece haber cumplido su objetivo de dificultar las operaciones de estas organizaciones.
La situación es aún más grave debido a la aplicación retroactiva de esta nueva normativa. Según denuncia Salvamento Marítimo Humanitario, el gobierno valenciano está exigiendo el pago de tasas correspondientes a los últimos cuatro años, sumando una deuda de 63.300,00 € solo para el Aita Mari. Esta acción, que la organización califica de ilegal y arbitraria, pone en serio peligro la continuidad de futuras misiones de rescate, incluyendo la próxima operación prevista para octubre.
Este movimiento, interpretado como parte de la agenda racista y xenófoba promovida por la extrema derecha, no solo afecta a la viabilidad económica de estas misiones, sino que también plantea un grave dilema ético. La imposición de estas barreras administrativas podría tener consecuencias letales, al obstaculizar el trabajo de quienes se dedican a salvar vidas en el Mediterráneo.
Salvamento Marítimo Humanitario ha lanzado una advertencia clara: la aplicación de estas tasas complicará enormemente las próximas misiones del Aita Mari. La organización continúa haciendo un llamado a la solidaridad y al apoyo de la sociedad civil para enfrentar este nuevo obstáculo y seguir adelante con su misión de rescatar vidas en el mar.