UPN ha lamentado que “los posibles delitos del caso Davalor acaben sin ser juzgados por un error judicial en el cómputo de los plazos de la instrucción”.
Así, señalan que “los navarros y las navarras, principales afectados por la pérdida de 2,6 millones de euros, no sabremos si se cometieron delitos o no debido a un error procesal”.
“Siempre quedará la duda debido a las pruebas e indicios sólidos de delitos de corrupción detectados por jueces y fiscalía del Tribunal Supremo, así como ratificados por un informe de la Policía Nacional”, sostienen.
A este respecto, UPN ha recordado que “cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señalaron que los hechos denunciados ‘podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos’”.
Además, destacan que “la Fiscalía del Tribunal Supremo también indicó que existían indicios de delito en las actuaciones del exconsejero Ayerdi en relación con las concesiones de dinero de todos los navarros a Davalor”.
“Asimismo, la Policía Nacional concluyó, en un informe pericial encargado por el Juzgado, que los procedimientos seguidos para conceder préstamos a Davalor no fueron los habituales, habiéndose concedido millones de euros de dinero de todos los navarros que se han perdido, corroborando todo lo denunciado”, agregan.
Desde UPN sostienen que “es incomprensible que todas esas pruebas e indicios terminen en una papelera por un error y que la justicia no pueda entrar a valorarlos o juzgarlos, teniendo en cuenta que Ayerdi ha estado investigado por delitos gravísimos de presunta corrupción”.
En este sentido, consideran que “el caso Davalor supone uno de los casos de presunta corrupción más graves ocurridos en Navarra, que ha generado un grave perjuicio a la Hacienda foral al haberse perdido 2,6 millones de euros de todos los navarros y nadie va a ser juzgado por ello”.