El Defensor del Pueblo de Navarra ha tomado una decisión importante en un caso de acoso escolar que ha afectado durante años a un menor en un colegio de Pamplona. La intervención de la institución se produce tras recibir quejas de una madre preocupada por la situación de su hijo, quien ha sido víctima de continuas humillaciones y agresiones físicas por parte de sus compañeros de clase. En el presente curso, a pesar de la intervención de una mediadora, los problemas persistieron y la comunicación con la escuela no mejoró, generando una profunda preocupación en la familia por el bienestar y desarrollo emocional del menor.
Ante la situación, el Defensor del Pueblo ha solicitado al departamento de Educación de Navarra un informe detallado. La respuesta reveló que, tras recibir la comunicación, la Inspectora de Educación del centro educativo inició de inmediato el protocolo de acoso escolar, solicitó informes y la colaboración de la Asesoría de Convivencia para gestionar el caso adecuadamente.
La institución que dirige Patxi Vera ha subrayado la necesidad de "una actuación rápida y efectiva" ante situaciones de acoso escolar como éste, conforme a la normativa foral, destacando que los centros educativos deben investigar todos los episodios de violencia y adoptar las medidas necesarias para proteger a los alumnos. En este caso, observó que el centro educativo no había informado adecuadamente a los padres ni había activado el protocolo de acoso a tiempo.
Por ello, el Defensor del Pueblo ha formulado varias recomendaciones al Departamento de Educación. Por un lado, ha instado a actuar con celeridad en casos de acoso escolar, a realizar un seguimiento exhaustivo de la situación del alumno en cuestión tanto en el presente curso como en el siguiente, y a mantener informados a los progenitores sobre el proceso socioeducativo de su hijo.
Estas recomendaciones buscan garantizar la protección del menor y prevenir futuras situaciones de acoso, asegurando que los derechos fundamentales de los estudiantes, como su integridad moral y dignidad personal, sean respetados. La respuesta del Departamento de Educación a estas recomendaciones será clave para determinar los pasos a seguir y se espera en un plazo máximo de dos meses.