El Gobierno argentino ha lamentado «profundamente» el fallecimiento del fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, ocurrido en una clínica de Buenos Aires a causa de una infección.
«Lamento profundamente el fallecimiento de José Manuel Maza Martin, Fiscal General de Estado de España. Expreso mis condolencias de parte de todo el pueblo argentino a sus familiares y a todos los españoles en este difícil momento», expresó el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, en Twitter.
Maza, de 66 años, se encontraba en la capital argentina desde el martes para participar en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos.
Al parecer se sintió mal desde el inicio del viaje, pero mantuvo su agenda hasta el viernes, cuando tuvo que ser internado poco antes de reunirse con Garavano.
José Manuel Maza, el fiscal de la mano dura contra el independentismo
La grave crisis abierta en España por el desafío independentista en Cataluña lo había devuelto al primer plano de la opinión pública, pero José Manuel Maza, el fiscal general del Estado fallecido hoy en Buenos Aires por una infección, tenía ya a sus espaldas décadas de una carrera extensa y agitada.
De perfil conservador y carácter sereno y abierto, Maza estuvo en el cargo durante un año intenso y marcado por diversas turbulencias, incluyendo su reprobación por parte del Congreso y su querella contra el ya destituido Gobierno catalán de Carles Puigdemont por presuntos delitos vinculados al plan independentista.
«Con sus decisiones y actos a lo largo de los últimos dos años», explicó entonces, los querellados «han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia». Fue su última aparición pública, posiblemente la más trascendente en sus más de 40 años en la Justicia.
Nacido el 23 de octubre de 1951 en Madrid, Maza obtuvo la licenciatura de Derecho en la Universidad Complutense en 1973 y entró en la carrera judicial dos años más tarde.
Fue portavoz de la extinta Unión Judicial Independiente, asociación de jueces de corte conservador en los años 90, y luego presidente de la sección primera en la Audiencia Provincial de Madrid y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En ese cargo ocupó ya titulares al apoyar en 2012 la condena del juez Baltasar Garzón debido a su investigación de los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975).
El 25 de noviembre de 2016, hace poco menos de un año, se convirtió en fiscal general del Estado como sucesor de Consuelo Madrigal. Su fama dialogante no disipó las reservas de sectores progresistas, y los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, fustigaron su trayectoria conservadora y cuestionaron su independencia.
La polémica no tardó en estallar a cuenta del entonces fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Apuesta personal de Maza, Moix quedó en entredicho por su papel en los escándalos de corrupción del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y por la noticia de que poseía una sociedad opaca en Panamá.
Una iniciativa del PSOE para reprobar a Maza por «incumplimiento grave y reiterado de sus funciones» fue aprobada en mayo por todos los partidos en el Congreso, a excepción del PP.
Se convirtió así en el primero en su cargo en ser reprobado, una medida sin efecto vinculante pero con impacto político. También lo fueron el ministro de Justicia Rafael Catalá, muy cercano a Maza, y el propio Moix, que dejó el cargo a principios de junio.
A fines de octubre, Maza volvió a saltar a primera plana al presentar las querellas contra el ya ex «president» Puigdemont, sus ex consejeros y otras figuras del soberanismo catalán por presuntos delitos vinculados al plan independentista en la región.
«Frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de Derecho y de democracia, no caben vacilaciones de clase alguna», había adelantado ya en septiembre durante la apertura del curso judicial ante el rey Felipe VI.
Antes del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre, que desató una crisis institucional sin precedentes en la historia moderna de España, Maza deslizó que Puigdemont podría acabar en prisión si seguía adelante.
Aunque algunos lo tomaron como una salida de tono de un fiscal riguroso, hoy parece una salida probable para el ex líder catalán, que espera en Bélgica la decisión sobre su entrega a España. Sería la última consecuencia y la más polémica del trabajo de Maza, pero el fiscal ya no estará para presenciarla.
