El expresidente del Gobierno de Navarra Juan Cruz Alli Aranguren compareció ante la ponencia parlamentaria constituida para estudiar la actualización de la LORAFNA y su adecuación a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI. Alli, doctor en Derecho e Historia y presidente foral entre 1991 y 1995, presentó un texto articulado que va más allá de una reforma puntual del Amejoramiento de 1982 y plantea, en la práctica, una nueva ley orgánica que sustituya al texto vigente.

Un texto de nueva planta

El compareciente justificó su propuesta en la evolución experimentada por la sociedad navarra en los últimos cuarenta y cinco años, invocando el principio jurídico de que las normas deben adecuarse a la realidad que regulan. Alli, que participó en su día como asesor del entonces presidente de la Diputación, Gabriel Urralburu, en la negociación del Amejoramiento, consideró que aquel texto cumplió su objetivo histórico de recuperar y mejorar el régimen foral en el marco de la Constitución de 1978, pero que el ciclo que abrió está agotado.

Su propuesta se articula en torno a tres grandes bloques: una memoria explicativa de la evolución del régimen foral y de las razones de la reforma; el texto articulado propiamente dicho, que incluye un título preliminar, un catálogo de derechos, deberes y principios rectores, la regulación de las instituciones y un extenso apartado competencial; y un índice analítico de detalle.

Del Amejoramiento al autogobierno

Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es el cambio de denominación. Alli propone abandonar la referencia al Amejoramiento y a la reintegración foral para hablar de autogobierno del pueblo navarro, que sería el protagonista central del nuevo texto. En su exposición subrayó que en la LORAFNA vigente el pueblo navarro apenas aparece mencionado una vez, cuando se dice que el Parlamento lo representa, y que esa ausencia debe corregirse tanto en términos democráticos como simbólicos.

El expresidente también planteó que la iniciativa de reforma debería partir del Parlamento foral y no del Gobierno, dado que la cámara es el órgano que representa directamente a la ciudadanía.

Competencias, euskera y área metropolitana

En materia competencial, Alli abogó por una descripción detallada de competencias y submaterias, siguiendo el modelo del Estatuto de Cataluña y la doctrina que extrajo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ese texto. Su argumento es que la vaguedad de los conceptos jurídicos indeterminados ha servido históricamente para que el Constitucional realice interpretaciones restrictivas del autogobierno navarro, y que una mayor precisión podría actuar como blindaje frente a esa tendencia.

En cuanto a la lengua, el expresidente propone reconocer el castellano y el euskera como lenguas propias y oficiales en todo el territorio de la Comunidad Foral, remitiendo a una ley foral institucional, aprobada por mayoría absoluta, la regulación del régimen de oficialidad conforme a la realidad sociolingüística actual, que según afirmó ha superado ampliamente la zonificación establecida por la ley del euskera de 1986.

Alli también planteó la creación de un área metropolitana de Pamplona con una única entidad administrativa, que integraría los municipios de la cuenca en una sola estructura de gestión. Reconoció que se trata de una propuesta políticamente difícil, pero la defendió desde criterios de racionalidad en la planificación y la prestación de servicios públicos, señalando como ejemplo las deficiencias que genera la actual fragmentación municipal en zonas como Ripagaña.

La Transitoria Cuarta y los plazos

Respecto a la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, Alli incluyó en su texto una regulación detallada del procedimiento para su eventual activación, sin pronunciarse sobre la conveniencia política de hacerlo. Se limitó a señalar que es una norma constitucional con el mismo rango que el resto de la Constitución y que, si algún día una mayoría parlamentaria decide ponerla en marcha, el procedimiento debería estar regulado.

Sobre los plazos, el expresidente fue escéptico acerca de que la reforma pueda culminarse en la presente legislatura, dado que la iniciativa del Parlamento tendría que ser asumida por el Gobierno de Navarra y negociada con el Gobierno del Estado, ambos en fase avanzada de sus respectivos mandatos. Instó sin embargo a los grupos a alcanzar al menos un dictamen que sirva de base de trabajo para la siguiente legislatura y evite comenzar de cero.

Respuesta de los grupos

Los grupos parlamentarios acogieron la comparecencia con tono generalmente elogioso hacia el trabajo presentado, aunque con posiciones divergentes en los aspectos más controvertidos. Unión del Pueblo Navarro descartó la cooficialidad del euskera en todo el territorio y reafirmó su objetivo de derogar la Transitoria Cuarta.

El Partido Socialista valoró positivamente el proceso de la ponencia pero se mostró también contrario a la cooficialidad lingüística. EH Bildu y Geroa Bai respaldaron la propuesta sobre el euskera y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un dictamen concreto.

El Partido Popular defendió igualmente la derogación de la Transitoria Cuarta e insistió en la necesidad de partir del máximo consenso.

Contigo-Zurekin subrayó la importancia de dotar la reforma de una visión de futuro y urgió a los grupos a concretar los ámbitos de acuerdo antes de que finalice la legislatura.

El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha denunciado públicamente la "total parálisis" en la que se encuentra el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS de Echavacoiz). Este proyecto estratégico, que abarca la construcción de la futura estación del TAV (Tren de Alta Velocidad) y el desarrollo de cerca de 12.000 viviendas, se encuentra completamente estancado según los regionalistas.

Por este motivo, la formación foralista ha exigido la convocatoria urgente del Consejo Rector del Consorcio, tras constatar que han transcurrido seis meses desde la última reunión oficial sin que se haya producido ningún tipo de progreso en los acuerdos adoptados.

Infraestructuras ferroviarias en Pamplona y los retrasos en los planes de urbanización

Desde UPN inciden en que, a pesar de que el Gobierno de Navarra pretenda vender humo con la llegada de la alta velocidad a la comarca de Pamplona, la realidad de la gestión administrativa muestra una ausencia total de novedades operativas.

Entre las principales deficiencias señaladas por el grupo municipal destaca la falta de respuesta a las alegaciones presentadas, la ausencia de una mesa técnica con los ayuntamientos implicados y la falta de avances en los proyectos de urbanización y reparcelación para su aprobación inicial. Asimismo, los regionalistas han afeado la falta de noticias respecto al derribo de la antigua ikastola Jaso y de otros edificios contemplados en el plan.

El debate político por las obras del tren de alta velocidad y los pactos de gobierno

La formación considera que esta situación de bloqueo, que se prolonga ya por cerca de 10 años, se debe de manera directa a las diferencias insalvables existentes entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu, formación que cuenta con el apoyo en el Ayuntamiento de Pamplona de los grupos Geroa Bai, Contigo-Zurekin y el PSN.

Según los representantes de UPN, de nada sirven las campañas publicitarias sobre el tramo ferroviario si los trámites urbanísticos están atascados por el rechazo histórico de la izquierda abertzale hacia la infraestructura. Ante este escenario, el grupo municipal regionalista ha tramitado una declaración formal en la Comisión de Urbanismo para forzar la rendición de cuentas dentro del Consorcio.

El recorrido judicial en torno a las presuntas comisiones irregulares en la compra de material sanitario durante la pandemia suma un nuevo episodio clave. El tribunal encargado de enjuiciar la causa ha dictado un auto por el que desestima de forma íntegra el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Koldo García Izaguirre. El exasesor ministerial había solicitado su puesta en libertad inmediata tras la finalización de las sesiones del juicio oral, una pretensión que ya fue denegada el pasado 7 de mayo de 2026 y que ahora queda ratificada formalmente por la Sala.

La resolución, de la que es ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, respalda los argumentos jurídicos que determinaron el ingreso en prisión del procesado. El tribunal expone que subsisten de forma clara las circunstancias que se valoraron en su momento para decretar la privación de libertad. En este sentido, la justicia recuerda que el riesgo de fuga continúa plenamente activo debido a la extrema gravedad de los hechos enjuiciados, la proximidad de la finalización del proceso y la inminencia de una sentencia definitiva sobre las conductas objeto de imputación penal.

Corrupción en la compra de material sanitario y los indicios de delito del exasesor

El dictamen judicial se alinea con la postura manifestada por el Ministerio Fiscal, que en su informe preceptivo solicitó el mantenimiento de la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza que fue acordada originalmente por auto el 27 de noviembre de 2025. La fiscalía recalca que esta medida cautelar resulta imprescindible para conjurar el peligro de que el procesado intente sustraerse a la acción de la justicia. Este criterio se sustenta en la elevada gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones y en la solidez de los indicios recabados a lo largo de la instrucción.

Asimismo, las autoridades judiciales hacen constar que el escenario procesal de Koldo García se ve agravado por la existencia de otras conductas presuntamente delictivas que se investigan de forma paralela en las Diligencias Previas número 65/2023 seguidas en la Audiencia Nacional. La defensa del recurrente había argumentado una supuesta discriminación respecto a la situación de otros coimputados en el procedimiento; sin embargo, el tribunal desmonta este motivo alegando que se constata un comportamiento procesal netamente diferenciado entre los encausados, lo que justifica de manera legal un tratamiento jurídico individualizado para cada uno de ellos.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán León ha roto este jueves su silencio público con un comunicado firmado en Milagro, su localidad natal, en el que niega de forma categórica cualquier vinculación con los hechos que le atribuyen las diligencias previas 150/2025 instruidas en el Tribunal Central de Instancia. Es la primera vez que el político navarro se pronuncia tras semanas de informaciones basadas en atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) que le sitúan en el centro de una presunta trama.

Negativa total y denuncia de una investigación paralela

Cerdán comienza su declaración con lo que califica como "la más absoluta y radical negativa" a cualquier hecho delictivo que se le atribuya en este procedimiento. Pero va más allá: señala que ya fue citado como testigo por el magistrado de la plaza 9 del mismo tribunal sobre los mismos hechos, y que tras meses de instrucción su estatus procesal nunca cambió. "A día de hoy nadie ha dado explicación del motivo de la necesidad —y legalidad— de una segunda investigación paralela", subraya en el texto.

Sin vínculos con el grupo "Hirurok"

Sobre la supuesta relación con el grupo conocido como "Hirurok", Cerdán es tajante: niega cualquier vínculo orgánico o de superioridad jerárquica y afirma que no existe "mensaje o comunicación alguna" emitida por él que permita sostener esa vinculación.

El fantasma del ingreso en prisión y el informe que nunca llegó

El comunicado recupera los hechos del año pasado, cuando Cerdán fue detenido e ingresó en prisión acusado de haber cobrado un mínimo de cinco millones de euros. Aquella acusación debía respaldarse con un informe patrimonial elaborado por la propia UCO que, según el político navarro, "un año después, no ha sido emitido todavía". Lo señala como ejemplo de lo que describe como una metodología policial invertida: no se investigan hechos con apariencia delictiva para encontrar responsables, sino que "se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos" para encontrar algo que dañe su imagen pública.

"El objetivo es destrozar personas"

En el punto más duro del escrito, Cerdán acusa directamente a "sectores del Estado" de utilizar la maquinaria judicial y policial para destruir la honorabilidad de ciudadanos que consideran incómodos. Cita como prueba la sucesión de asuntos en los que ha aparecido su nombre en los últimos años —mascarillas, obra pública, financiación ilegal del partido, el grupo Hirurok y ahora la SEPI— y concluye que esa acumulación solo tiene sentido si la finalidad no es investigar delitos, sino minar su credibilidad.

Presunción de inocencia y hostigamiento familiar

Cerdán cierra el comunicado reivindicando su inocencia y la presunción de inocencia como "valor esencial en una sociedad democrática". También anuncia que mantendrá su negativa a responder preguntas de medios en la calle o frente a su domicilio, y lanza una interpelación directa a quienes practican ese tipo de cobertura: "Quizás puede evaluarse la necesidad de acosarme, a mí y a mi familia, permanentemente cámara en mano".

La comisión parlamentaria creada para investigar las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de Navarra cerrará sus trabajos sin que ninguno de los grupos que la impulsaron haya podido acreditar la existencia de corrupción ni de injerencias políticas en los procedimientos analizados. Tras casi diez meses de trabajo y 43 comparecencias, PSN-PSOE, EH Bildu Nafarroa, Geroa Bai y Contigo Zurekin, que suman mayoría en la comision han presentado este martes sus respectivas conclusiones con un denominador común: no hay pruebas de corrupción, pero sí deficiencias procedimentales que exigen mejoras en la contratación pública.La conclusion no es compartida por los grupos de la oposicion, UPN pide la dimisión de la presidenta Chivite al considerar que hay "indicios" de corrupción en la adjudicación de Belate, mientras que el PP ha valorado que “ocho meses después, las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen sin despejarse”. 

El PSN reivindica la limpieza de la gestión foral

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, fue el más contundente en su lectura política. Los socialistas extraen cuatro conclusiones principales: ningún responsable político ni funcionario ha incurrido en prácticas corruptas, no se detectan actuaciones ilícitas entre las empresas licitadoras, no existen indicios de corrupción en las obras investigadas y no queda acreditada ninguna injerencia política o empresarial en la adjudicación de los túneles de Belate, el expediente que concentró mayor atención mediática.

Lecumberri subrayó que todos los miembros de las mesas de contratación negaron haber recibido presión de ningún tipo, que ninguna empresa participante en la licitación de Belate presentó recurso contra el procedimiento y que ninguna de las obras investigadas está siendo objeto de proceso judicial. No rehuyó el tono político: acusó a UPN, PP y Vox de haber intentado «generar sospechas sobre las instituciones navarras» sin respaldo en los hechos y con una «intencionalidad política» que iba más allá de aclarar lo ocurrido. El grupo presentó además seis recomendaciones para reforzar la transparencia, entre ellas mejorar la Ley Foral de Contratos Públicos y fortalecer la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

EH Bildu: irregularidades sí, corrupción no probada

El grupo soberanista, que ha elaborado un documento de más de 135 páginas, comparte el diagnóstico central pero introduce matices relevantes. En su texto reconoce que la comisión ha constatado incumplimientos de la legalidad y de los principios de buena administración, aunque aclara que eso no equivale a haber demostrado la existencia de un pacto ilícito entre responsables públicos y operadores privados, ni la obtención de beneficios económicos indebidos.

EH Bildu introduce además una advertencia de calado: que no se hayan probado prácticas corruptas «no significa que no hayan podido existir», correspondiendo en ese caso a la justicia penal su determinación. Entre sus propuestas destaca la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública, el refuerzo de los sistemas de contratación electrónica para garantizar la trazabilidad completa de los procedimientos y el fortalecimiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. La coalición reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción, a la que calificó de «grave amenaza para la calidad democrática».

Geroa Bai: prudencia ante lo que aún puede seguir abierto

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, coincidió en que la comisión no ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas ni actuaciones dirigidas a predeterminar el resultado de las adjudicaciones. Tampoco se han acreditado contrataciones, beneficios personales ni mecanismos de compensación vinculados a los procedimientos examinados. Los responsables de las mesas de contratación que comparecieron, subrayó, manifestaron de forma «directa, expresa y coincidente» no haber recibido indicaciones políticas sobre el sentido de sus decisiones.

Sin embargo, Geroa Bai es el grupo que más énfasis pone en la necesidad de actuar con prudencia respecto al expediente de Belate, dado que continúa siendo objeto de procedimiento administrativo y podría derivar también en sede judicial. En ese sentido, el grupo recordó que durante los trabajos se conoció un segundo informe de la UCO, vinculado a una denuncia presentada, que confirmaría que el asunto puede seguir abierto. Sus propuestas apuntan al refuerzo de la trazabilidad documental, la mejora de los sistemas de valoración y la consolidación de mecanismos preventivos de control.

Contigo Zurekin: sin corrupción acreditada, pero con contradicciones que no pueden ignorarse

La coalición, que reivindicó haber sido determinante para que la comisión se pusiera en marcha tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, presentó unas conclusiones que van algo más allá en el reconocimiento de las sombras detectadas. Su portavoz, Miguel Garrido, admitió que la comisión no puede afirmar con certeza qué ocurrió exactamente en todos los procedimientos investigados.

Coincide con el resto en que no ha quedado acreditada la existencia de tráfico de influencias ni de injerencias políticas o empresariales, pero señala de forma explícita que sí se han detectado deficiencias en determinados procedimientos administrativos y contradicciones relevantes en algunas comparecencias. «No se ha descubierto ninguna práctica compatible con lo que llamamos corrupción, pero sí cuestiones que deben corregirse para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones», afirmó Garrido. La coalición defendió que las conclusiones no deben entenderse como un punto final, sino como una oportunidad para mejorar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

PP sí ve posible corrupción

En sentido opuesto, para el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, la principal conclusión es  clara: “después de ocho meses de Comisión de Investigación y de decenas de  comparecientes, las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen estando  ahí. Por tanto, la Comisión de Investigación no ha servido para despejar las dudas que  existían y que continúan existiendo a día de hoy”. 

García ha señalado que durante estos meses se han conocido numerosos hechos,  informaciones e indicios que impiden cerrar este asunto sin interrogantes. “Son demasiadas  irregularidades, demasiados incumplimientos, demasiadas conexiones y demasiadas formas  de operar que se repiten. También se repiten los protagonistas, las empresas y determinadas  relaciones que generan una evidente preocupación”, ha afirmado.

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha presentado este martes en el Parlamento foral las conclusiones elaboradas por UPN para la Comisión de Investigación sobre el caso Cerdán, en las que la formación foralista acredita la existencia de indicios de corrupción en la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinabar. A partir de esas conclusiones, Ibarrola ha exigido la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a quien ha señalado como "máxima responsable política" de haber permitido operar en Navarra a la presunta trama liderada por el exdiputado Santos Cerdán y el empresario Antxón Alonso.

La líder de UPN ha extendido esa exigencia al consejero Óscar Chivite, al exconsejero Bernardo Ciriza, al exdirector general de Obras Públicas Pedro López y al exdirector del servicio de Nuevas Infraestructuras Jesús Polo. "En el caso de los que siguen desempeñando funciones públicas, esa asunción de responsabilidades políticas para nosotros es muy clara: su dimisión", ha afirmado.

Según el informe de UPN, la adjudicación de Belate estuvo "plagada de ilegalidades, intentos de injerencias e irregularidades", con un papel decisivo de Polo y López para que el contrato recayera en Acciona y Servinabar, empresa esta última vinculada según la UCO a Antxón Alonso, socio de Cerdán. El partido denuncia además que, nada más adjudicada la obra, se tramitó un modificado que incrementó el presupuesto en un 11,22% e incumplía las condiciones técnicas ofertadas, y que dicho modificado "se ocultó deliberadamente durante mucho tiempo" hasta que el director general de Intervención emitió un reparo suspensivo.

Ibarrola ha acusado a Chivite de haber actuado "tanto por acción, por el poder y el estatus que ha dado a los miembros más relevantes de la presunta trama, como por omisión, por no haber actuado ante los avisos e indicios de lo que estaba sucediendo", además de haber intentado "ocultar lo ocurrido y obstaculizar la investigación". Ha lamentado asimismo que la comisión "pasará a los anales por las ausencias", al no haber comparecido personas que considera clave, como Alzórriz, Elma Saiz, José Luis Arasti o Javier Remírez, y ha denunciado que el trabajo parlamentario "ha estado marcado por las mentiras y las contradicciones".

"María Chivite no ha actuado en defensa del interés general de la Comunidad Foral y únicamente lo ha hecho en defensa de sus intereses políticos y partidistas", ha concluido Ibarrola, quien ha lamentado que solo el exdirector general de Obras Públicas haya tenido que asumir responsabilidad política hasta la fecha.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido este miércoles la aportación de hasta 50 millones de euros que realizará el Ejecutivo foral como capital inicial en la empresa mixta vinculada a Hithium, el fabricante de baterías cuya inversión en Navarra fue anunciada ayer por el consejero correspondiente. Remírez ha celebrado los avances en la negociación y ha aprovechado la pregunta de los periodistas para cargar contra lo que ha calificado de "titulares inexactos y tendenciosos" publicados por medios digitales de Madrid.

"Es una inversión histórica para nuestra comunidad, no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, porque nos pone en primera línea del futuro de la industria", ha afirmado el portavoz, que ha subrayado tanto el volumen económico del proyecto como el empleo que generará en la región.

Sodena y el INI, vehículos de la aportación pública

La participación del Gobierno de Navarra en esta empresa mixta se articulará a través de dos instrumentos públicos: Sodena, la Sociedad de Desarrollo de Navarra, y el Instituto Navarro de Inversiones (INI). Remírez ha precisado que los detalles concretos de la operación están aún siendo negociados con la parte empresarial y que se materializarán próximamente, aunque ha querido dejar claro que se trata de una apuesta firme del Ejecutivo foral.

Dura respuesta a los medios de Madrid

La mayor contundencia del portavoz, sin embargo, ha llegado cuando ha salido al paso de las informaciones publicadas esta mañana por algunos medios digitales de la capital. Sin citar ningún medio concreto, que vinculaban los contactos del gobierno foral con trabajos del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero mediante pagos a autoridades chinas, Remírez ha calificado sus titulares de "inexactos" y ha asegurado que demuestran "un desconocimiento de la realidad institucional de Navarra".

"Las relaciones del Gobierno de Navarra con el ámbito privado tienen un único interés: fortalecer y atraer talento e inversión a la comunidad, siempre bajo el estricto cumplimiento de la legalidad", ha subrayado, antes de recordar que la estrategia de atracción de inversión extranjera no se limita a Hithium, sino que ha dado ya resultados concretos con empresas como Würth, o con la inversión alemana y coreana de Mobis.

Remírez ha ido más allá y ha defendido expresamente a la presidenta del Gobierno de Navarra, cuyo "buen nombre" considera que está siendo atacado de forma interesada. "Es un modelo de liderazgo público y de colaboración público-privada que funciona, y los datos lo demuestran", ha afirmado, enumerando los niveles récord de empleo conocidos ayer, el crecimiento de la renta media de los hogares navarros y el incremento del salario medio.

"Somos conscientes de que a ciertos sectores no les gusta que Navarra vaya bien", ha concluido el portavoz, "y no vamos a permitir que se manipule ni se ponga en cuestión la honestidad del Gobierno ni de su presidenta".

El PP registra una batería de preguntas

Sobre este asunto, el Partido Popular de Navarra ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento foral por esas informaciones sobre que el gobierno de María Chivite habría mantenido reuniones con corporaciones chinas presuntamente ligadas a la red de negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El PPN ha calificado el asunto de "máxima gravedad" y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las instituciones navarras hayan sido utilizadas como "plataforma de intermediación comercial para intereses privados" del PSOE.

A través de su grupo parlamentario, los populares navarros han dirigido las preguntas tanto a la presidenta Chivite como a los consejeros implicados, reclamando el contenido completo de las reuniones: las actas, los documentos de trabajo, el orden del día y la identidad de los intermediarios. También quieren saber si algún dirigente del PSOE o del entorno de Zapatero participó en la organización de dichos encuentros y si se llegó a comprometer dinero público en las operaciones tratadas.

El PPN ha anunciado que "llegará hasta el final" para esclarecer el contenido de estos encuentros.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha salido al paso de las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre las adjudicaciones públicas del Ejecutivo foral —entre ellas el contrato de los túneles de Belate adjudicado a la UTE formada por Accióna, Construcciones Osés y la Servinabar que la UCO considera vinculada a Santos Cerdán— para defender que el trabajo desarrollado en dicha comisión ha dejado claro que no existe "el más mínimo atisbo de corrupción ni de comportamiento inadecuado e ilícito" por parte de ningún funcionario ni responsable público del Gobierno de Navarra.

Remírez ha reconocido que aún no conoce los textos definitivos de las conclusiones de los distintos grupos políticos, pero ha avanzado su valoración general con contundencia: "Los funcionarios que han pertenecido a las mesas de contratación han señalado que no han recibido ningún tipo de presión política a la hora de tomar sus decisiones". Para el portavoz, este hecho desmonta lo que ha calificado de "teoría irresponsable" sostenida por "algunos estamentos políticos y mediáticos" con un "mero interés partidista".

Corrupción no, pero procedimientos "mejorables"

El portavoz ha distinguido con cuidado entre el plano penal y el administrativo. En el primero, ha insistido en que no hay indicio alguno de delito. En el segundo, ha admitido que los procedimientos administrativos "son mejorables", aunque ha subrayado que eso es algo habitual en cualquier organización pública. "La gestión de la contratación pública está en constante revisión para alcanzar un grado máximo de transparencia, eficacia y eficiencia", ha señalado.

En esa línea, ha indicado que el Gobierno de Navarra está dispuesto a poner en marcha las recomendaciones de mejora que puedan surgir de la comisión, tal y como ya hizo en el caso concreto del contrato de los túneles de Belate.

Esta distinción cobra relevancia a la vista de que Contigo Zurekin se ha desmarcado parcialmente de las conclusiones compartidas con EH Bildu y PSN, apuntando a la posible existencia de lo que ha denominado "vicios procedimentales". Preguntado al respecto, Remírez ha considerado que esa postura es "coherente" con su propio planteamiento: una cosa es la ausencia de corrupción y otra que haya margen para mejorar los procedimientos.

Crítica a la "extensión generalizada de la sospecha"

El portavoz ha aprovechado su intervención para lanzar una crítica más amplia a lo que considera una tendencia en el debate público español: la generalización de la sospecha ante cualquier indicio, "ni siquiera corroborado ni sustentado en ningún tipo de prueba". En su opinión, esta dinámica responde a una lógica de "pura antipolítica" que daña las instituciones y que, en el caso de Navarra, ha quedado "claramente desmontada" tras el trabajo de la comisión.

La Agrupación Socialista de Pamplona ha celebrado la primera edición de los Premios Gregorio Angulo, destinados a reconocer a personas que han fortalecido los valores socialistas, la democracia, la justicia social y la convivencia. En esta edición inaugural, el galardón ha sido otorgado a Aurea Jaso, histórica militante socialista, en honor a su vida de compromiso con el socialismo y la Agrupación Socialista de Pamplona.

El evento comenzó en la calle Compañía 17, junto al tropezón de Angulo, con militantes y representantes institucionales recordando a Gregorio Angulo, uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de Pamplona en 1902. Su figura es considerada una de las más destacadas en la historia del socialismo navarro. La secretaria general de la Agrupación, Marina Curiel, subrayó la importancia de preservar su memoria.

Reconocimiento a Aurea Jaso y su compromiso socialista

María Chivite, secretaria general del PSN-PSOE y actual presidenta del Gobierno Foral, destacó que el reconocimiento a Aurea Jaso pone en valor a una militancia comprometida y activa, fundamental para el proyecto socialista en Navarra. Chivite enfatizó que el partido se construye gracias a personas como Jaso y muchas otras que contribuyen diariamente desde cada agrupación y localidad con su compromiso.

Chivite también resaltó la relevancia de los valores socialistas en el contexto actual, afirmando que defender la igualdad, la paz, los derechos, la solidaridad y la justicia social es hoy más necesario que nunca. Según Chivite, los valores fundacionales del PSOE siguen siendo esenciales para la sociedad, especialmente en un mundo complejo y desordenado.

Después del acto, María Chivite, junto con Esther Iso, Martín Zabalza y Marina Curiel, visitaron el domicilio de Aurea Jaso para entregarle una placa conmemorativa. Durante el homenaje, Chivite describió a Jaso como un ejemplo de compromiso y trayectoria auténtica, confiando en que este reconocimiento inspire a seguir construyendo un futuro mejor desde el conocimiento y el reconocimiento.

El legado de Gregorio Angulo y su impacto en el socialismo navarro

Marina Curiel mencionó que estos premios tienen la intención de convertirse en una cita anual para reconocer a personas que representan los valores del socialismo pamplonés. Gregorio Angulo, uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de Pamplona, fue un dirigente sindical vinculado a la UGT, impulsor de publicaciones obreras, concejal del Ayuntamiento de Pamplona y presidente del PSOE de Navarra durante la Segunda República.

Tras el golpe militar de 1936, Angulo fue perseguido por sus ideas políticas y fusilado en Ibero en 1937. La Agrupación Socialista de Pamplona considera que estos premios son una herramienta para mantener vivo su legado y reconocer a quienes, desde el compromiso cotidiano, defienden los valores de libertad, igualdad, justicia social y convivencia que han definido al socialismo navarro.

La galardonada, Aurea Jaso, recibió el reconocimiento visiblemente emocionada. Agradeció el homenaje y destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los valores que han guiado la acción política y social del socialismo democrático durante más de un siglo.

La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, asistió este martes en Corella a la inauguración de once nuevos apartamentos destinados a personas con discapacidad. Durante el evento, Chivite destacó que la 'integración real' de este colectivo 'pasa necesariamente por facilitar su presencia en la vida comunitaria'. Este proyecto, liderado por la Fundación ADISCO Residencial (FADIR), ha tenido una inversión total de 2,5 millones de euros, con aportaciones significativas del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Corella.

Compromiso con una Navarra inclusiva

El proyecto inaugurado ofrece once apartamentos y 18 plazas residenciales adaptadas en la Ribera. Chivite subrayó que esta iniciativa ampliará los recursos existentes y acercará servicios fundamentales a las personas y familias que lo necesitan. El edificio se encuentra en la avenida Miguel Escudero Arévalo y cuenta con cuatro apartamentos individuales y siete dobles, siguiendo el modelo de Vivienda con Apoyo contemplado en la normativa foral. Este esfuerzo refleja el compromiso de Navarra con una comunidad más inclusiva y cohesionada.

Ampliación de plazas residenciales en entornos comunitarios

La Presidenta destacó el esfuerzo del Gobierno de Navarra por ampliar las plazas residenciales para personas con discapacidad en entornos comunitarios. Actualmente, Navarra cuenta con 69 plazas en cinco pisos propiedad del gobierno para personas con discapacidad intelectual que requieren apoyos de alta intensidad. En la Ribera, se han incrementado las plazas financiadas, alcanzando 43 plazas concertadas en distintas viviendas. Chivite enfatizó el compromiso con recursos residenciales más integrados y centrados en la persona.

El acto de inauguración contó con la presencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, el alcalde de Corella, Gorka García, y representantes de FADIR, como su presidente Valentín Carranza y el director general José Antonio Delgado. También asistió el arquitecto responsable de las nuevas viviendas, Agustín Fernández. Este equipo ha trabajado en conjunto para materializar un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región.

Características de los nuevos apartamentos

Los apartamentos individuales tienen una superficie de aproximadamente 35 metros cuadrados, mientras que los dobles alcanzan los 70 metros cuadrados. Están equipados con una zona de estar, cocina, dormitorio y baño, además de servicios comunes de cocina, sala de estar y comedor asistido. Los residentes podrán llevar una vida independiente con el apoyo necesario, supervisados por un educador social que elaborará un Plan de Atención Centrado en la Persona.

La Fundación ADISCO Residencial (FADIR) ha sido clave en la creación de estos recursos. ADISCO, la Asociación de Personas con Discapacidad de Corella, se constituyó en 1996 para fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad física e intelectual. Su primer proyecto fue un Centro Especial de Empleo inaugurado en 1997. FADIR nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, especialmente aquellas atendidas por el Centro Especial de Empleo de ADISCO.

La inauguración de estos apartamentos en Corella representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades para todas las personas. La colaboración entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Corella y FADIR ha sido fundamental para llevar a cabo este proyecto, que busca proporcionar un entorno de vida digno y adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad en la región.

La bronca entre UPN y VOX por la investigación abierta en torno a las obras en Sendaviva ha escalado este lunes en el Parlamento de Navarra y ha desbordado la sala de prensa para terminar en un cruce de acusaciones en redes sociales. El detonante: la negativa de UPN a respaldar las iniciativas de VOX para forzar la comparecencia del parlamentario y exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz y de la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, en relación con la denuncia sobre la adjducación de obras vinculadas al parque Sendaviva.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, no tardó en salir al paso de las críticas del portavoz de VOX, Emilio Jiménez. Con tono severo pero sin perder las formas, Esparza le tendió una advertencia: "Vox debería entender que UPN no es el enemigo. El rival a batir es otro: tenemos un gobierno socialista de la mano de Bildu". El dirigente regionalista negó además las acusaciones de bloqueo y aseguró que la sesión de trabajo con Alzórriz no llegó a votarse porque faltaba el visto bueno del propio compareciente, tal y como exige el reglamento. "Es mentira que UPN haya votado en contra", afirmó, antes de añadir que su partido ha pedido la comparecencia de Alzórriz tanto en el Parlamento de Navarra como en el Senado.

Sin embargo, VOX no aceptó esa versión. En redes sociales, el partido respondió con contundencia y con un tono muy diferente al que suele emplearse en sede parlamentaria. "Es fácil desmentir al portavoz de UPN, que se cree que somos nuevos en esto", publicaron, para a continuación desgranar punto por punto sus argumentos: que para una sesión de trabajo con un cargo público no es necesaria la autorización previa del compareciente, que cualquier grupo puede registrar solicitudes de comparecencia siempre que cuente con el respaldo de una quinta parte de la cámara, y que UPN podría haber apoyado la iniciativa en la Junta de Portavoces y no lo hizo. "De haberlo hecho, habría salido", apuntaron, recordando además que los regionalistas registraron después su propia solicitud de comparecencia de Alzórriz. "Seguid pensando que sois los únicos que existís en Navarra, que así os seguirá yendo", concluían.

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín había anticipado el choque con un mensaje igualmente directo: "Es mentira. En ambos casos VOX no ha podido ni presentar las iniciativas, así que no se han votado". San Martín insistió en que la sesión de trabajo con Alzórriz carecía del preceptivo visto bueno del compareciente y que para registrar una comparecencia se requiere el respaldo de una quinta parte de la cámara, umbral que VOX no alcanza por sí solo. "No conocen ni el reglamento", zanjó.

En el fondo del enfrentamiento está la denuncia que ha admitido un juzgado sobre las obras de urgencia tras el incendio en Sendaviva, donde la acusación señala al propio Alzórriz. Según un informe de la Intervención General fechado el 23 de abril, el Gobierno debería devolver más de 652.000 euros en subvenciones, una cifra muy superior a los cerca de 70.000 euros que el Ejecutivo había propuesto reintegrar públicamente.

Jiménez advirtió que VOX "no va a parar" y seguirá registrando iniciativas para exigir explicaciones.

Esparza, de UPN,  por su parte, cerró su intervención con una metáfora que dejó pocas dudas sobre su diagnóstico político: "Cuando te pillan con el carrico del helado, te tienes que ir a tu casa. Y eso es lo que le ha pasado al Partido Socialista de Navarra".

El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Navarra, liderado por Ainhoa Unzu, ha expresado su respaldo a la reelección de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra en las elecciones de 2027. Unzu destaca la confianza y ambición del PSN-PSOE para afrontar los desafíos futuros en la región, subrayando la tranquilidad con la que pueden presentar sus resultados.

Contundente rechazo a las acusaciones de VOX

Durante su intervención, Unzu denunció las acusaciones del representante de VOX en el Parlamento foral, quien presentó una iniciativa parlamentaria calificando a los socialistas como 'banda de corruptos, mafiosos y criminales'. La portavoz socialista anunció que la propuesta fue inadmitida por contener ofensas, injurias y faltas de respeto, algo sin precedentes en la Cámara navarra.

Unzu enfatizó que la política debe centrarse en mejorar la vida de los ciudadanos de Navarra, con debates intensos pero respetuosos. Criticó a VOX por dedicarse únicamente a insultar, destacando la importancia del respeto y la educación en el Parlamento y la sociedad navarra.

Críticas a la postura de UPN y PP

La portavoz socialista también dirigió sus críticas hacia UPN y PP, acusándolos de competir con VOX en elevar el tono político. Según Unzu, VOX marca el ritmo de esta competición, mientras los demás intentan no quedarse atrás. Recordó a la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, la asociación de su partido con el PP en 2019, poco después de la condena del PP por la trama Gürtel, sin que entonces se escucharan críticas sobre la degradación moral.

Compromiso con la justicia y la verdad

Ante las acusaciones de la oposición, Unzu reafirmó el compromiso del PSN-PSOE con los procedimientos judiciales y la colaboración con la justicia. Subrayó los principios que guían a los socialistas: respeto y confianza en los procedimientos judiciales, disposición a colaborar con la justicia y un firme compromiso contra la corrupción, con consecuencias para quienes cometan delitos.

Unzu advirtió sobre el deterioro democrático que supone sustituir la presunción de inocencia por la condena directa, recordando que las responsabilidades penales las determina la justicia, no los partidos políticos. Reiteró el compromiso del PSN-PSOE con los ciudadanos de Navarra, asegurando que seguirán construyendo acuerdos y trabajando por una Navarra mejor.

La portavoz socialista concluyó reafirmando la determinación del PSN-PSOE de continuar su labor política, enfrentando a quienes desean retroceder en derechos y oportunidades. A pesar de las críticas de la derecha y la ultraderecha, el partido se mantiene firme en su compromiso de avanzar en la región.

Azcona ha subrayado la importancia de garantizar la triple sostenibilidad: medioambiental, social y económica. Por ello, en el Pleno de este jueves, Geroa Bai preguntará al consejero de Desarrollo Rural si considera necesario ampliar la moratoria para contar con un marco regulatorio riguroso. El objetivo es armonizar las demandas de la sociedad en relación con los proyectos de biometano.

En otro ámbito, Azcona ha comentado las declaraciones del consejero de Educación, quien afirmó que trabajará intensamente para proteger la educación pública frente a la concertada. El portavoz de Geroa Bai ha señalado que estas palabras reafirman la necesidad de una moratoria que evite el cierre de aulas en la escuela pública. Además, permitirá la creación de una mesa de trabajo para abordar las cuestiones críticas en el ámbito educativo.

Azcona también ha expresado su preocupación por las informaciones sobre posibles casos de corrupción que afectan al partido socialista a nivel estatal. Ha destacado que Geroa Bai exige transparencia, valores democráticos y mantiene una postura de tolerancia cero hacia la corrupción. Azcona considera que estos casos requieren explicaciones públicas y políticas para garantizar la confianza en las instituciones.

Apoyo de Geroa Bai ante el hostigamiento en Zizur Mayor

Finalmente, Azcona ha mostrado su apoyo a los compañeros de Zizur Mayor tras un incidente de hostigamiento en un centro de menores de la localidad. Ha denunciado que personas con ideas antidemocráticas y ultras han señalado a menores y al centro de atención. Además, ha criticado el acoso a las educadoras que trabajaban en ese momento y ha calificado de "espectáculo lamentable" la participación de personas de Vox y de extrema derecha.

Azcona ha reafirmado su respaldo a los compañeros en el Ayuntamiento de Zizur, a su labor municipal, a las trabajadoras del centro y a los empleados públicos que enfrentaron la situación. Geroa Bai condena firmemente cualquier manifestación de odio y violencia, y aboga por una convivencia pacífica y respetuosa en la comunidad.

El Herri Aretoa de Leitza acogió este domingo una ceremonia de reconocimiento a las personas torturadas de Mendialdea bajo el lema Minek ez gaitzatela lotu, jarrai dezagun hegan —Que el dolor no nos ate, sigamos volando—. El acto, impulsado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y la fundación Egiari Zor, reunió a víctimas, familiares, representantes de ocho municipios de la comarca y de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno de Navarra, además de numerosos vecinos.

Tras una contextualización histórica a cargo de bertsolaris sobre los hechos ocurridos hace cincuenta años, tomó la palabra Jon Arangoa, familiar de Amparo Arangoa, cuyo caso se convirtió en su momento en símbolo internacional contra la tortura. Arangoa relató cómo de adolescente encontró medio escondido en casa un ejemplar de la revista Zeruko Argia con fotografías que desvelaron una conversación que su familia había intentado postergar. "En ese momento entendí el miedo y la angustia que vivieron en casa al tener a tres de los cinco hermanos en el cuartel", explicó, antes de dirigirse a quienes sufrieron torturas y no pueden contarlo: "Dar pasos para que esta verdad no caiga en el olvido es responsabilidad de nuestra generación."

Más de 50 casos identificados en Mendialdea

En representación de Egiari Zor y de la Red de Personas Torturadas, Ainara Gorostiaga y Eneko Villegas subrayaron que en Mendialdea se han identificado más de 50 casos de tortura en las últimas décadas, cometidos por fuerzas de seguridad del Estado en localidades como Leitza, Larraun, Lekunberri, Goizueta, Araitz, Betelu, Areso y Arano. "En Euskal Herria hay más de 5.000 personas torturadas. Existe un dolor que nos mantiene unidos; ha sido y sigue siendo profundo y duro", afirmaron.

Destacaron que dos personas de la comarca han recibido ya el reconocimiento oficial del Gobierno de Navarra: Jose María Aleman y Amparo Arangoa. "Aplaudimos esos reconocimientos, pero hacen falta más pasos", señalaron, reclamando que se sigan esclareciendo las vulneraciones cometidas.

Compromiso institucional de ocho municipios

Representantes municipales de las ocho localidades de la comarca subieron al escenario para entregar un recuerdo del acto a las víctimas. En nombre de todos ellos habló el alcalde de Leitza, Dabid Anaut, quien expresó solidaridad con las víctimas y defendió que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición deben ser el eje de la construcción de la memoria. "Porque se lo debemos al pueblo, a las futuras generaciones y a quienes habéis sufrido tortura, reafirmamos nuestro compromiso con este camino hacia una convivencia democrática", concluyó.

El acto incluyó actuaciones de danza y la interpretación por parte del grupo Burutik de la canción Amparo Arangoari, compuesta por Fermin Balentzia, con el cierre colectivo del Txoria txori junto a las hermanas Ansa y Maixux Zugarramurdi.

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, ha lanzado una dura crítica contra la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite. La líder regionalista ha censurado que Chivite "vaya de víctima" ante las diversas imputaciones e investigaciones por corrupción que afectan al Partido Socialista, una postura que ha equiparado con la línea de actuación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Según Ibarrola, se trata de una estrategia basada en desviar la atención para no asumir ninguna responsabilidad política, advirtiendo que nada justifica la presunta actividad ilícita en la formación socialista.

A juicio de la presidenta de UPN, esta actitud no solo busca silenciar los procesos judiciales abiertos contra las siglas socialistas, sino también ocultar la verdadera coyuntura socioeconómica del territorio foral. En este sentido, ha afirmado que la presidenta de Navarra ha perdido el sentido de la realidad y ha denunciado que la degradación moral y ética de los actuales gestores invalida cualquier proyecto político de futuro para la comunidad.

Gestión pública y el debate sobre los servicios sociales en Navarra

Frente al balance positivo realizado por el ejecutivo foral de cara a las próximas elecciones de 2027, la oposición regionalista ha confrontado la gestión del Gobierno de Navarra utilizando diversos indicadores oficiales. En el ámbito de la sanidad, Ibarrola ha señalado que la comunidad acumula la peor valoración ciudadana de su historia y que solo el archipiélago canario supera a Navarra en tiempo de espera para obtener una cita médica. Asimismo, en materia de políticas sociales, ha alertado sobre las listas de espera para la valoración de la discapacidad, situándolas como las peores de los registros históricos navarros.

El bloque crítico también ha puesto el foco sobre las dificultades en el acceso a la propiedad y el alquiler, cifrando en más de 25.000 los demandantes actuales de vivienda. Por otra parte, la líder de la oposición ha recriminado el retroceso en los resultados académicos evaluados en el último informe PISA, el repunte preocupante de la criminalidad y el deterioro en las tasas de emancipación juvenil y de siniestralidad laboral, que ha calificado como las peores de todo el territorio nacional.

Desarrollo económico y la situación judicial del Partido Socialista

La situación del mercado de trabajo ha centrado otra de las áreas de confrontación dentro del análisis de desarrollo económico. UPN ha lamentado que la comunidad foral haya descendido desde el primer puesto hasta la octava posición en la tabla de autonomías con menor tasa de desempleo, un factor que, según sus declaraciones, contribuye a la apertura de brechas sociales y al aumento de la desigualdad ciudadana.

Finalmente, Ibarrola ha afeado que Chivite vuelva a concurrir como candidata electoral al frente de unas siglas bajo sospecha judicial. La presidenta de UPN ha afeado el silencio de la líder foral ante las investigaciones de su entorno político, haciendo alusión directa a su mentor por su presunta implicación como supuesto cabecilla de tramas relacionadas con el amaño de obras públicas, irregularidades en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y supuestas maniobras destinadas a la desestabilización de causas judiciales en curso.

La actual presidenta del Gobierno foral y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha anunciado de manera oficial que optará a la reelección y será la candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones de 2027. El anuncio se ha realizado en el marco del Comité Regional de la formación socialista, donde la líder del ejecutivo ha defendido la necesidad de dar continuidad a un proyecto político enfocado en conjugar "el crecimiento económico con el avance social en la comunidad".

Chivite ha enmarcado su decisión en un contexto político actual marcado por la polarización creciente y la desinformación organizada, fenómenos que a su juicio buscan desgastar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Frente a este escenario, ha reivindicado la utilidad de la política serena y ha rechazado de forma explícita la viabilidad de cualquier fórmula de gobierno alternativa en el territorio de la comunidad foral, señalando que la combinación de las fuerzas de la oposición, incluso sumando a la ultraderecha, no constituye una opción viable frente al actual modelo de gestión.

Crecimiento económico y los pilares del estado del bienestar en Navarra

En el balance de la gestión institucional desarrollado ante los órganos del partido, se han desgranado los principales indicadores que definen el escenario de desarrollo económico e industrial de la comunidad. En el ámbito laboral, el territorio foral ha encadenado récords consecutivos de afiliación a la Seguridad Social junto a un descenso sostenido de las cifras de personas desempleadas. Dentro de la agenda de transición ecológica, dos hitos empresariales centran la proyección industrial: el inicio de la fabricación de coches eléctricos en serie en la planta de Volkswagen y la implantación de la firma Hithium, orientada a completar el ecosistema sectorial de las energías renovables.

En materia de políticas sociales, sanidad y educación pública, la secretaria general ha puesto en valor los resultados en equidad educativa y las bajas tasas de abandono escolar en comparación con el resto del Estado, garantizando que el sistema público mantendrá condiciones óptimas. Asimismo, la gestión en materia de dependencia ha sumado 31 nuevos centros de día y un incremento del 40% en las plazas concertadas residenciales, un escenario respaldado por el reciente preacuerdo laboral del convenio sectorial que afecta de forma directa a más de 5.000 trabajadoras de residencias.

Planificación urbana y el acceso a la vivienda pública en la comarca de Pamplona

El acceso a una vivienda digna se consolida como otra de las prioridades estratégicas del proyecto foral. Los planes de ordenación y desarrollo urbanístico actualmente en fase de tramitación proyectan la edificación de cerca de 20.000 viviendas nuevas de cara a los próximos años, un volumen constructivo que supera la suma residencial de zonas como Lezkairu, Ripagaina, Mendillorri y Sarriguren. Chivite ha reconocido la vigencia actual del problema residencial, instando a una aceleración de los trámites administrativos y a la implicación de los propietarios de suelo.

Con la mirada fija en la cita electoral de la comunidad, el PSN-PSOE iniciará de forma inmediata la fase operativa de cara a la elaboración programática. El partido constituirá de cara al próximo mes de junio sus correspondientes grupos de trabajo temáticos con el fin de iniciar la redacción del programa electoral 2027, articulando para ello un proceso participado que estará abierto a la colaboración de diferentes federaciones y al análisis de experiencias de éxito en otros ámbitos territoriales.

La iniciativa quiere servir como punto de encuentro para personas con ganas de aportar, debatir y participar en la construcción de una Navarra más justa, verde y con servicios públicos fuertes. 

El encuentro tendrá lugar entre las 10:00 y las 13:30 horas en la Sala del Ascensor de Descalzos 56, de Iruña. A lo largo de la mañana se desarrollarán diferentes dinámicas participativas con mesas temáticas y espacios de puesta en común, para recoger propuestas e ideas de cara a la construcción del futuro programa político y electoral de Podemos Navarra. 

Tras la finalización del encuentro se celebrará además un pequeño aperitivo, pensado como un espacio distendido para seguir compartiendo impresiones, conocerse y continuar fortaleciendo vínculos entre las personas participantes. 

La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán, ha señalado que esta iniciativa forma parte del trabajo que la actual dirección autonómica viene desarrollando desde hace un año para volver a abrir espacios de participación y reforzar el contacto directo con la ciudadanía navarra. 

“Estamos volviendo al origen de Podemos: escuchar, debatir y construir desde abajo. La política no puede hacerse únicamente desde las instituciones, sino también desde los barrios, los pueblos y la participación directa de la gente”, ha afirmado Roldán. 

Asimismo, ha destacado que “desde que asumimos la responsabilidad de la dirección autonómica hemos trabajado para recuperar espacios de

participación, consejos ciudadanos abiertos, mesas redondas, información en la calle… en general, escucha y debate colectivo, porque creemos que Podemos Navarra tiene que volver a construirse con la gente y con voz propia”. 

Roldán también ha defendido la necesidad de “seguir teniendo un discurso claramente progresista y de izquierdas, valiente en la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos, el feminismo, la sostenibilidad y la convivencia frente a los discursos de odio y mensajes de la derecha que cada vez tienen más espacio en la política y en las instituciones”. 

“Creemos que el actual Gobierno de Navarra se queda corto en muchos aspectos y que, en demasiadas ocasiones, ha terminado alcanzando acuerdos con la derecha en cuestiones importantes para el futuro de nuestra comunidad. Frente a eso, queremos reforzar una alternativa transformadora, clara y coherente”, ha añadido. 

La jornada está abierta tanto a personas inscritas y militantes, como a simpatizantes y ciudadanía interesada en participar. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 1 de junio a través de la web: https://podemosnavarra.info/construye-navarra/

Unión del Pueblo Navarro ha decidido llevar la polémica hasta ahora política de la nueva camiseta del Athletic Club ante la justicia deportiva. La formación foral ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición Profesional de la RFEF por el anagrama que figura en la equipación del club bilbaíno: el mapa de Euskal Herria con una ikurriña ocupando todo el territorio representado, incluyendo expresamente la Comunidad Foral de Navarra.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado que el paso se da tras la falta de respuesta del Athletic a la petición que el partido le trasladó formalmente para que retirara el símbolo. "Estamos obligados como partido a defender la identidad de Navarra", ha señalado, añadiendo que "no denunciarlo no sería coherente con lo que expresamos cuando surgió la polémica ni sería congruente con nuestra esencia".

El argumento jurídico

El escrito registrado ante la RFEF sostiene que el anagrama es incompatible con la Regla 4.5 de las Reglas de Juego del IFAB, que prohíbe mensajes políticos en el equipamiento, y con los artículos 183, 184 y 185.3.e del Reglamento de Competiciones de la federación española, que vetan la incorporación de logotipos y anagramas de contenido político.

Para respaldar ese argumento, la denuncia acude a la jurisprudencia existente. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha establecido que la obligación de neutralidad obliga a evitar no solo signos "nítidamente partidistas" sino también aquellos que para un ciudadano medio presenten "serias dudas de partidismo" o "apariencia de posicionamiento político", y ha reconocido que el escudo, como símbolo, "supone el envío de un mensaje visual al receptor" que va más allá de lo ornamental. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoce que al término Euskal Herria "se le suma con frecuencia otro de alcance ideológico y performativo" que refuerza el carácter político del mensaje cuando va acompañado de la correlación iconográfica.

A partir de ahí, UPN concluye que incorporar ese mapa junto a la ikurriña en la camiseta del Athletic presenta a Navarra como parte de una entidad territorial que no existe jurídicamente y que no se corresponde con su estatus reconocido en la Constitución y en la LORAFNA.

Sin culpa para la afición

Ibarrola ha cuidado de separar la decisión del club de sus seguidores. "Muchos aficionados navarros del Athletic nos han manifestado que no respaldan la imagen utilizada", ha dicho, subrayando que la denuncia se toma "desde el más absoluto respeto hacia quien se siente 'león' y hacia la afición en su conjunto, que no tiene la culpa de la decisión adoptada por la dirección del club".

La presidenta de UPN ha aprovechado también para cargar contra el Ejecutivo foral: "No vamos a mirar para otro lado, como ha hecho el Gobierno de Navarra, ante el incumplimiento de las normas y de la enorme jurisprudencia emanada de los tribunales".

Ibarrola ha anunciado que el partido respetará la resolución del Comité de Competición, pero ha avisado de que agotará "todas las vías posibles" si el resultado no es favorable.

La asociación Sanfermines-78: gogoan! ha expresado su profundo malestar por el cambio de postura del PSN, que pasó de votar a favor de una moción sobre los crímenes policiales de los Sanfermines de 1978 y el 3 de marzo de Vitoria cuando se debatió en el Ayuntamiento de Pamplona, a abstenerse este jueves en el Parlamento de Navarra. Un giro que, a juicio del colectivo, resultó determinante para que los puntos principales de la iniciativa no salieran adelante.

La moción, elaborada por Martxoak-3 y Sanfermines-78: gogoan! y presentada conjuntamente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, reclamaba al Gobierno de España el reconocimiento expreso, al más alto nivel, de la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes cometidos durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona y el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. También instaba a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

De los tres puntos originales, solo el tercero —el más genérico, referido a instar a las instituciones a dar pasos hacia la verdad y la reparación— logró ser aprobado, con los votos de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y la abstención del PSN. Los dos primeros, que exigían un reconocimiento explícito de responsabilidad estatal y una declaración oficial del presidente del Gobierno, fueron rechazados.

La asociación memorialista cargó con dureza contra la moción alternativa presentada por el PSN a última hora del plazo y sin consultar a los grupos proponentes ni al resto de formaciones. A su juicio, ese texto rebajaba la gravedad de los hechos al calificarlos de "sucesos" en lugar de crímenes, diluía la responsabilidad del Estado, eliminaba la exigencia de un reconocimiento oficial y convertía la iniciativa en lo que describieron como una mera autocomplacencia de la gestión gubernamental en materia de memoria democrática.

El día anterior, reunión en Madrid

La jornada previa al debate parlamentario, representantes de Sanfermines-78: gogoan! y de Martxoak-3 se habían reunido en Madrid con el Intergrupo de Memoria Democrática del Congreso. A ese encuentro acudieron PNV, EH Bildu, ERC, Sumar, IU y BNG, y todos los grupos presentes mostraron su disposición a impulsar en próximas fechas una Proposición no de Ley en los mismos términos que la moción debatida en Pamplona.

Sanfermines-78: gogoan! confía en que el PSN reconsidere su postura y permita avanzar hacia lo que el colectivo considera una deuda pendiente: a casi cincuenta años de aquellos hechos, una verdad completa, acceso efectivo a la justicia y una reparación integral que garantice que crímenes como los del 3 de marzo de Vitoria y los Sanfermines de 1978 no vuelvan a repetirse.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una resolución por la que emplaza a las instituciones competentes —Gobierno de España, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Delegación del Gobierno en Navarra y Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, entre otras— a dar pasos concretos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia estatal, con el fin de abrir el camino a la justicia y reparación que aún no han llegado.

La resolución salió adelante con los votos favorables de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención del PSN y los votos en contra del PP, el Grupo Mixto y la diputada no adscrita.

Lo que se aprobó y lo que no

Sin embargo, el texto original impulsado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin iba más lejos. Incluía dos apartados adicionales que no lograron el respaldo necesario: uno para instar al Gobierno de España a reconocer su responsabilidad directa en los crímenes cometidos durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona y los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, y otro para reclamar al presidente del Gobierno una declaración oficial al más alto nivel en ese sentido. Ambos fueron rechazados con los votos en contra de UPN, PP, Grupo Mixto y la no adscrita, y la abstención del PSN.

El PSN presentó por su parte una enmienda de sustitución —no aceptada por los grupos proponentes— que reconocía los avances realizados en materia de responsabilidades y animaba al Estado a continuar en esa dirección en el marco de la Ley de Memoria Democrática. La enmienda socialista valoraba también los reconocimientos e indemnizaciones a víctimas de San Fermín-78 impulsados por la Comisión de Reconocimiento de Víctimas establecida en la Ley Foral 16/2019.

Casi 50 años sin investigación oficial

En la exposición de motivos, los grupos proponentes recuerdan que todas las querellas presentadas ante la justicia relacionadas con los sucesos de Vitoria y los Sanfermines del 78 han sido desestimadas y archivadas. Invocan asimismo el trabajo de la Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona —que reunió a 17 partidos políticos, todos los sindicatos y numerosas asociaciones vecinales de la época— y que concluyó reclamando verdad, reparación y castigo a los culpables.

El texto recuerda además que el Parlamento de Navarra ya exigió en 2018 la desclasificación de los documentos relacionados con aquellos hechos, y que en 2024 respaldó la querella criminal presentada por los familiares de Germán Rodríguez, la plataforma Sanfermines 78: gogoan! y varias personas gravemente heridas en los sucesos.

Los proponentes concluyen subrayando que, pese a la gravedad de unos hechos que rondan ya el medio siglo, no ha habido ni siquiera una investigación oficial mínima orientada a determinar responsabilidades, lo que a su juicio refleja una impunidad total que continúa sin resolverse.